Juan Antonio Le Clercq

La oleada de migrantes que logró tirar la valla fronteriza en Guatemala, ocupar el puente sobre el Suchiate e internarse a territorio mexicano, ha evidenciado la hipocresía y doble discurso nacional sobre el fenómeno de la migración. Exigimos a Estados Unidos un trato respetuoso y digno para nuestros connacionales, cuando no estamos dispuestos a hacer lo mismo con quienes migran desde Centroamérica. 

Lo que ocurre en nuestra frontera sur ha puesto sobre la mesa que el racismo y la xenofobia contra migrantes pobres está profundamente arraigado en nuestro país. El México que se indignó con los insultos y la persecución impulsados por Trump, no tuvo empacho en manifestar su desprecio por quienes migran obligados por la violencia y la marginación. No estamos al margen de la ola de odio que recorre el mundo.

Pero por más que exista la tentación de ver la caravana migratoria como un problema de Centroamérica, algo que en todo caso tendrían que resolver Guatemala, Honduras o El Salvador, en realidad se trata también de un problema mexicano que exige una respuesta coherente de las autoridades mexicanas. Esto no puede ser de otra forma. Cuando hemos demandado a Estados Unidos disposición y sensibilidad para regularizar la situación migratoria de connacionales, no podemos dar la espalda e ignorar lo que ocurre en nuestra frontera sur.

El reto no es menor para el gobierno que iniciará funciones el 1 de diciembre. A la gravedad de los problemas políticos, económicos y sociales heredados y la complejidad de su agenda de gobierno, se suma una crisis migratoria y humanitaria regional que alterará la dinámica de nuestras fronteras y que va a trastocar el delicado equilibrio con el gobierno de los Estados Unidos.

Desde Centroamérica difícilmente se podrá esperar una respuesta efectiva para contener los flujos migratorios y atender sus causas. La combinación de instituciones débiles, gobiernos sacudidos por corrupción, estancamiento económico y niveles muy altos de violencia, dificultan desarrollar las políticas necesarias para que las personas dejen de ver en la migración su única alternativa de vida. Sin dejar de lado que cortar los fondos de ayuda desde Estados Unidos equivale a echar más gasolina al fuego.

De Estados Unidos sólo cabe esperar presión y más presión para que México asuma la responsabilidad de frenar los flujos migratorios. El gobierno de Trump encontró en Peña Nieto a un gobernante dispuesto a asumir el rol de patrulla migratoria regional con tal de no descarrilar las negociaciones comerciales. La pregunta que ahora flota en el aire es si López Obrador tendrá la fuerza y voluntad política para resistir la presión que vendrá desde Estados Unidos y que se agudizará periódicamente como parte de sus ciclos políticos internos. Esos treinta millones de votos que pidieron cambios difícilmente le permitirán al nuevo gobierno convertir nuestras fronteras en murallas orientadas a proteger el territorio norteamericano. Pero eso lo obligará a definir una política migratoria para integrar laboralmente y regularizar a quienes migran desde Centroamérica. Lo cual es más fácil de decir que hacer, pues se necesitan recursos y capacidades institucionales que no se tienen y en tanto esto requiere una implementación gradual en el mediano plazo.

Lo que es indudable es que el futuro gobierno mexicano camina sobre un campo minado y que las decisiones que se tomen en este contexto tendrán repercusiones muy importantes para el arranque del sexenio, en nuestra relación con los Estados Unidos y en la credibilidad de la agenda del cambio.

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