Los líderes del continente firmaron un acuerdo regional para fortalecer la gobernanza democrática en contra de la corrupción durante la Cumbre de las Américas. Documento que es relevante si consideramos que el presidente de Perú, anfitrión de la cumbre, renunció hace un mes, el expresidente de Brasil está preso y que el caso Odebrecht ha derivado en investigaciones y detenciones en diversos países, salvo México.
El Acuerdo de Lima perfila: 1) Reforzar la gobernanza democrática y las instituciones, autonomía para los poderes judiciales, promoción de cultura de prevención y educación cívica, medidas ante conflictos de interés, transparencia en los concursos de ingreso al servicio público y nuevos códigos de conducta. Esto se acompaña de enfoques de género, protección a grupos vulnerables, reconocimiento de las culturas indígenas y participación de los ciudadanos y el sector privado.
2) Mejorar la buena gobernanza con la participación de la sociedad civil organizada, incluyendo medidas anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia, gobierno abierto, implementación más efectiva de programas, sistemas de indicadores y datos regionales, independencia de órganos de fiscalización, así como protección a periodistas, informantes y testigos de actos de corrupción y acciones legislativas para criminalizar el uso indebido del servicio público.
3) Fortalecer la rendición de cuentas, transparencia y fiscalización relacionadas con partidos políticos y campañas electorales, así como restringir el acceso a puestos públicos a quienes estuvieron relacionados con actos de corrupción.
4) Desarrollar mecanismos intergubernamentales, sistemas de información, cláusulas anticorrupción, intercambio de experiencias nacionales, así como mayor transparencia en la contratación de obra y servicio públicos. Lo cual se acompaña de recomendaciones relacionadas con reducir el tamaño de la burocracia y evitar la sobre regulación.
5) Una cooperación legal internacional más dinámica, marcos legales comunes, coordinación entre instituciones judiciales y policías, así como entre los sistemas financieros y las autoridades fiscales para combatir el fraude o el lavado de dinero. De igual forma, señala la importancia de redes multilaterales más efectivas y flexibles, al igual que políticas comunes orientadas a la prevención. Finalmente, propone fortalecer la agenda anticorrupción, el intercambio de información y la cooperación dentro de la OEA, así como dar seguimiento y reporte a los compromisos acordados.
El gobierno mexicano suscribió el acuerdo, no faltaba más. Echarse tacos de lengua es fácil y barato cuando se trata de promover acciones contra la corrupción. Además de que eso fotografía bonito cuando se hace en el extranjero en compañía de otros jefes de Estado. El problema consiste cumplir lo acordado con medidas medibles, verificables y reportables (nacional e internacionalmente).
El diagnóstico y las propuestas son importantes, pero soy escéptico sobre los resultados de estos acuerdos. ¿Tiene una clase política corrompida la disposición a investigarse y sancionarse a sí misma? ¿Podemos confiar que cumplirá sus compromisos en México el mismo gobierno que tiene congeladas investigaciones sobre las operaciones de Odebrecht o la Estafa Maestra? ¿Son efectivos acuerdos internacionales cuando no se acompañan con sanciones contra quienes no cumplan? Más allá de buenas intenciones y llamados a cooperar, creo que la falta de sanciones internacionales difícilmente obligará a los líderes políticos de la región a fortalecer instituciones y perseguir a los corruptos.