El reporte sobre perspectivas económicas para América Latina 2018 recientemente publicado por la OCDE, aborda retos en materia de crecimiento, productividad, empleo, comercio exterior y estabilidad macroeconómica, pero lo interesante es el marco conceptual particular desde los que se abordan: el debilitamiento del contrato social, la erosión institucional y la creciente distancia entre las expectativas de los ciudadanos y la respuesta de las autoridades. Advertencia que no pueden ignorar las democracias funcionales y disfuncionales de la región.
De acuerdo a la OCDE, hasta 75% de la población desconfía en algún grado de sus gobiernos y manifiesta insatisfacción con los servicios que recibe, en especial educación y salud. Este malestar está relacionado con crecimiento económico insuficiente y alta desigualdad socioeconómica, lo que implica que las clases medias no ven satisfechas sus expectativas de mejorar su calidad de vida y que otro tercio de la población ve aumentada su vulnerabilidad económica. A lo que se suman débiles mecanismos de rendición de cuentas, fragilidad del Estado de derecho, casos de corrupción y altos niveles de inseguridad y violencia.
El diagnóstico señala a la fractura del contrato social y esto refleja un cambio en el debate sobre desempeño institucional. En este sentido, entiende como contrato social a un acuerdo tácito entre gobernantes y gobernados, un acuerdo político fundamental que establece los forma en que las instituciones proveen bienes públicos, servicios y garantizan los derechos, mientras que los ciudadanos deben cumplir ciertas obligaciones y responsabilidades como pagar impuestos, respetar las leyes o participar en las elecciones.
¿Por qué se rompe el contrato social? Los ciudadanos perciben que las autoridades electas y los servidores públicos no cumplen su parte del acuerdo, que las instituciones no funcionan o son incapaces de responder a sus demandas y que los recursos públicos se desvían para beneficio privado en forma indebida. En general se vive un deterioro de la calidad de vida como resultado de decisiones políticas y servicios públicos deficientes.
¿Qué se puede hacer ante esto? La OCDE propone transformar la dinámica institucional en un nuevo vínculo Estado-mercado-ciudadanos que permita una respuesta más afectiva y eficiente a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Lo que implica fortalecer el Estado de derecho, la rendición de cuentas, la innovación pública, la integración de sectores económicos, los mecanismos de participación y la capacidad de las instituciones para desarrollar soluciones públicas frente a los retos del futuro.
Lo que falla en el diagnóstico es que centra su preocupación en la fractura del contrato social vigente, sin entender que son justamente las bases de un contrato social injusto de origen, la existencia de instituciones excluyentes y extractivas que se han creado y reproducido gracias a condiciones de desigualdad, las que explican un Estado de derecho débil, una economía vulnerable, una democracia disfuncional y pactos de impunidad y corrupción.
La situación de México o Brasil nos advierte que los acuerdos políticos tradicionales se han agotado y que se requieren nuevos contratos anclados en principios que sus ciudadanos reconozcan como justos. Ya no es suficiente la reafirmación de configuraciones institucionales excluyentes. De ese tamaño es el reto de la región si queremos que la democracia subsista. Eso es también lo que está en juego en nuestras propias elecciones.