A pesar del contexto de violencia, inseguridad y corrupción que nos lastra, las autoridades han asumido que pueden darse el lujo de minimizar sus efectos. El caso extremo está en la campaña electoral, en la que partidos y candidatos usan la crisis de violencia e inseguridad o los escándalos de corrupción como arma arrojadiza contra sus rivales, tácticas de desgaste para ganar votos desprestigiando al otro sin que tengan interés en enfrentar estos problemas o la capacidad de presentar líneas de acción coherentes.
La renuncia de las autoridades a garantizar condiciones de seguridad y justicia o su falta de voluntad para perseguir los pactos de impunidad se disfraza con narrativas articuladas como coartadas para la irresponsabilidad. Se nos ha dicho que la violencia es un problema focalizado a unos cuantos estados, pero que está lejos de representar un problema nacional. Se nos pide que contemos las cosas buenas y no nos dejemos llevar por la percepción negativa de las redes sociales o, mucho peor, que no permitamos enfados sociales irracionales. Nos reclaman nuestras quejas y se nos exige que hablemos bien de México para no dañar la marca país y afectar inversiones y turismo.
Pero a pesar de las intenciones y los discursos oficiales, la inseguridad y la corrupción se han desbordado. La evidencia muestra instituciones colapsadas y autoridades indiferentes al sufrimiento de los ciudadanos. El miedo crece ante el horror de la violencia y la angustia a sufrir el crimen en la calle, las carreteras, un restaurante o en el hogar se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana.
Lo peor es que ninguna autoridad asume alguna responsabilidad ante la crisis de inseguridad, nadie responde por los millones de víctimas que anualmente cuenta el Inegi. El cinismo y la impunidad crecen al mismo ritmo que la incidencia delictiva. Pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Los gobernantes irresponsables que creen posible ignorar las demandas ciudadanas al mismo tiempo que promueven una imagen idílica en el extranjero, comienzan a enfrentar la presión internacional.
Terminó la fiesta, a pesar de los esfuerzos oficiales por vender la marca y hablar “bien” de México, la brutal realidad de la violencia que sufrimos se extiende ahora a los extranjeros y sus gobiernos exigen cuentas. Ya es cotidiana la publicación de artículos críticos en diarios extranjeros sobre la situación de la violencia, la violación a los derechos humanos o los escándalos de corrupción. La Unión Europea y la cancillería italiana presionan a México ante la desaparición de cuatro de sus ciudadanos con la complicidad de policías locales. Para derramar el vaso, el gobierno alemán ha emitido una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar México.
Los gobiernos federal y estatales que han abandonado a los mexicanos a su suerte, descubren que ya no es suficiente con promover destinos paradisiacos de sol y playa para atraer turista;, ahora se ven en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad. Y esto es algo que los candidatos necesitan tomar muy en serio para que sus programas de gobierno sean viables. No se puede disociar la imagen de México en el exterior de las condiciones de violencia, inseguridad y corrupción que lastran al país. Si quieren recibir turismo e inversiones van a tener que ponerse a trabajar y a rendir cuentas.