El bodrio de consulta popular organizado en Baja California (concediendo que ese acto de manipulación política pueda ser considerado una consulta popular), retratan de cuerpo entero las intenciones políticas y el sentido de servicio público del próximo gobernador de la entidad.
El lunes pasado, luego de conocerse los resultados que supuestamente demuestran el respaldo popular por la ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años, el gobernador electo se dio el lujo de recitarnos algunas joyas de retórica retorcida que ilustran la arrogancia de quien piensa que puede violar la ley con total impunidad: “Ya supérenlo, entiendan que ya perdieron”. Todavía peor: “Y ya el pueblo opinó en contra de los intereses mezquinos de muchos que obviamente tienen como meta seguir entorpeciendo el funcionamiento del nuevo gobierno”.
Dejemos de lado que en este momento ni intereses legítimos o mezquinos pueden “seguir entorpeciendo el funcionamiento del nuevo gobierno” en tanto dicho gobierno, de hecho, no ha entrado todavía en funciones. Lo relevante del caso, es que al futuro gobernador le da por organizar “consultas” como medio para presionar a las instancias judiciales que deberán resolver el caso y, ya desde antes de iniciar su encargo descalifica como intereses mezquinos que obstaculizan el funcionamiento de su gobierno a quienes han osado señalar la ilegalidad del intento de alterar el periodo para el cual fue electo, incluidas voces críticas que se han expresado desde el interior de la mismísima 4T.
Advertencia de un estilo arbitrario de entender el ejercicio de gobierno, preocupantes gestos prepotentes de quien se asume todopoderoso.
Y vaya que tienen razón en preocuparse quienes desde la trinchera de la 4T rechazan la ilegalidad de la reforma y la consulta impulsadas por Bonilla. La forma y fondo dejan un profundo sabor al peor PRI por parte de quienes se han presentado públicamente como algo políticamente diferente. Más allá del burdo intento de violar la Constitución y leyes en beneficio de los intereses particulares de una persona, a nombre de la voluntad popular, claro está, brincan señales de alerta que difícilmente pueden ignorarse.
¿Está la 4T dispuesta a patrocinar la creación de nuevos sultanatos locales aún a costa de dañar la credibilidad de su proyecto político? ¿Va a ir tan lejos el Presidente como para quemar su capital político en respaldo de Bonilla? ¿Hasta dónde puede llegar la arbitrariedad en el ejercicio de gobierno por parte de quien antes de iniciar su gestión ya promovió actos ilegales y consultas amañadas? ¿El modelo de periodos de gobierno ad hoc se va a extender a otros de los súperdelegados estatales que aspiran a gubernaturas? ¿Va a asumir Morena la responsabilidad de actos ilegales, corruptelas o nexos oscuros que tengan lugar durante periodos de gobierno marcados por chicanadas legales y consultas chafas?
Ahora que ha sido decretado el fin de la corrupción sería bueno consideraran que esta no se limita al uso indebido de funciones y recursos públicos para fines privados. La corrupción involucra también la degradación intencional del sentido de reglas y prácticas democráticas, así como de la función o el servicio público sea manipulando, alterando o violando los procedimientos, normas y/o leyes que los regulan. La ley Bonilla no es otra cosa sino un acto corruptor de la democracia con la participación cómplice de diversos partidos y legisladores locales. Y lo que la 4T debe tomar en cuenta en el caso Bonilla es que fomentar o permitir la degradación del sentido de las prácticas democráticas o el servicio público implica abrir la puerta a todo tipo de abusos y corruptelas en el ejercicio de sus gobiernos. ¿Realmente están dispuestos a asumir las consecuencias de otorgar una patente de corso a Bonilla y a sus próximos candidatos?