Brexit ha llegado a lo que parece su gran final. En principio, todo hace pensar que Reino Unido, tres años después del referéndum, abandonará la Unión Europea el 31 de octubre. Si bien todavía queda alguna posibilidad remota de que se imponga algo de sentido común y que el divorcio sea por acuerdo, lo más probable es que veamos una separación por ruptura. Un Brexit duro con efectos políticos y económicos impredecibles, tanto para el Reino Unido y Europa como para la comunidad internacional.
Si bien el parlamento impuso en seis días seis dolorosas derrotas al primer ministro Johnson, lo cual debe representar un nuevo record en aquellos lares, al final este se salió con la suya y, a pesar de las protestas y los cuestionamientos, ha logrado suspender la deliberación parlamentaria hasta el 14 de octubre. Para cuando los miembros del parlamento regresen a realizar sus funciones, difícilmente quedará margen para otra cosa que no sea simple discusión política y reclamos airados.
Es cierto que la oposición y los rebeldes conservadores aprobaron una ley que en principio obliga al primer ministro a no optar por un Brexit sin acuerdo, sin embargo, y más allá de las buenas intenciones, no es claro que esto tenga efectividad para evitar la ruptura o, lo que es más importante, obligue a Johnson a renegociar un nuevo acuerdo con la UE o solicitar una nueva extensión a las negociaciones.
Por más simbólica que resulte la ley para evitar Brexit duro, una vez activado el proceso de separación, no se puede evitar la ruptura por decreto unilateral de los parlamentarios británicos. Alguna voz entre las autoridades de la UE, en su momento señaló que votar por evitar una ley para evitar Brexit duro, era equivalente a los pasajeros del Titanic votando para que iceberg se moviera de lugar.
De hecho, el gobierno del Reino Unido no necesita romper con Europa, es suficiente con simplemente no hacer nada, simular que se dialoga, pero sin presentar alternativas plausibles. Mucho se ha discutido que el sentido de la ley era obligar al gobierno a pedir una extensión en los plazos a la UE, pero eso es algo que Boris Johnson justamente evitará hacer para no enajenar a sus bases sociales y aliados políticos.
A pesar de que los parlamentarios han sacudido a su primer ministro como pocas veces se ha visto y que la suspensión de la deliberación parlamentaria está cargada por la marca de la ilegitimidad, en este momento todo pinta a que Brexit se impondrá por inercia, porque se llegó a la fecha fatal, no se solicitó una extensión y el gobierno británico decidió no poner alternativas sobre la mesa. También comienza a ser más evidente el fastidio de los líderes europeos ante el juego político del Reino Unido y la falta de capacidad de los parlamentarios para definir lo que quieren como alternativa plausible al Brexit sin acuerdo.
Lo relevante ahora es identificar las probables consecuencias de una ruptura. ¿El incumplimiento de obligaciones de Reino Unido puede provocar una nueva crisis financiera global? ¿Está la UE preparada para contener las turbulencias financieras y la incertidumbre económica inmediata? ¿Está preparado el resto del mundo para hacer frente a los efectos de Brexit? ¿Tiene la UE la imaginación política necesaria para redefinirse y atender los problemas sociales que alimentaron la opción de salida en Reino Unido? ¿Impulsará Brexit el surgimiento de nuevos liderazgos populistas en el continente? ¿Puede Reino Unido evitar la independencia de Escocia o el regreso de la violencia en Irlanda? Eso es ahora lo relevante.