El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la principal denuncia contra el priista Miguel Riquelme, de la “Coalición por un Coahuila Seguro” por presunto rebase de tope de gastos de campaña en los comicios de Coahuila, presentada por el Partido Acción Nacional (PAN). El dictamen fue aprobado por unanimidad del consejo general quien declaró infundada la queja al considerar deficientes las pruebas aportadas por el partido blanquiazul. Sin embargo el caso no quedó concluido luego que el consejo abrió un procedimiento oficioso por una omisión de la UFT. De acuerdo con fuentes que cita el periódico Reforma, si se acredita la veracidad de la prueba no incluida, el INE debe iniciar un nuevo procedimiento para definir qué sanción aplicará. La representación del partido albiceleste acusó al excandidato de exceder por mucho, 28.8 por ciento el monto límite de gastos de campaña, de máximo 19.2 millones de pesos. Un excedente de 7.7 millones de pesos. Las pruebas incluyeron fotografías y videos de material electoral, entre playeras, gorras y banderas, que no habría reportado el PRI a la Unidad Técnica de Fiscalización. Basado en el Reglamento de Fiscalización, el expediente indica que las imágenes debían acompañarse con referencias al lugar, hora y modo en que ocurrieron los hechos denunciados, ello para que el árbitro electoral pueda indagar su veracidad.
El escrito mediante el cual se presentó la queja no contenía información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que lo denunciado había sido colocado en el marco de la campaña”, señala el documento.
Incluso, señala que en la denuncia panista hay pruebas que no coinciden entre lo estipulado y las imágenes. Sin embargo, el tema no quedó concluido y el INE acordó abrir un procedimiento oficioso para investigar una posible aportación ilegal del gobierno de Coahuila, que preside Rubén Moreira, al PRI estatal, a través del pago de un contrato de internet por 69 mil pesos. Ello, luego de que Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, acusó a la Unidad Técnica de Fiscalización (UFT) de omisión, al no valorar esa factura que ellos presentaron en la queja. Incluso, en la misma sesión el diputado Jorge López Martín, representante del PAN en el legislativo ante el Instituto, mostró públicamente la factura como prueba y refrendó la acusación de su compañero de partido. Tras ello, se decretó un receso de aproximadamente 20 minutos con el objetivo de revisar si efectivamente la prueba estaba en los expedientes, lo que fue acreditado. Los consejeros reconocieron que la prueba no se valoró y ordenaron abrir un proceso oficioso en que se pueda verificar si la factura presentada por el PAN es válida o no, y si fue presentada en los tiempos de ley. EC