Sólo el voto permitirá superar el desafío de los violentos y los grupos antisistema a la democracia mexicana. El país no se detiene, aún cuando algunos eso quisieran
1. Todos a votar
El país no se detiene, aún cuando algunos eso quisieran. Por ello, tras los comicios de este domingo 7 de junio, resulta imprescindible visualizar y prevenir lo que habrá de acontecer en los próximos meses. Sin duda, la jornada electoral tendrá muchas lecturas, pero sobre todo una habrá de resultar fundamental: el rechazo a los violentos, que quisieran conculcar la democracia y destruir la unidad de los mexicanos.
Prácticamente todas las encuestas mostraron coincidencias y habrá como es común, ganadores y perdedores. Sin duda habrá un grupo mayor que, con las votaciones de los partidos aliados, podrá configurar una mayoría legislativa y con ello, seguir haciendo avanzar la agenda nacional.
Sobre los Estados, todos hemos percibido cuán competitivos se han tornado los comicios, en varios de los cuales se otean las alternancias.
Ha sido perceptible el diálogo entre los partidos de oposición, PAN y PRD, para intentar remontar sus malos números y construir alternativas útiles, es decir, que aporten la votación del menor al mejor votado, para enfrentar las posibilidades ganadoras del PRI en varias entidades.
El caso Nuevo León ya fue aderezado por el inefable señor López, quien denuncia una coalición de intereses entre el PRI y el PAN para cerrarle el paso al candidato incómodo que ha resultado ser Jaime “El Bronco” Rodríguez, con quien se le ha identificado también en el sesgo populista que ambos poseen. Del señor López trasciende también su triunfalismo, al asumirse como “el candidato mejor posicionado para la Presidencia de la República”, tal como lo dijo en un mítin al que asistiera en Nuevo León. Al momento, se sabe que las encuestas se han cerrado nuevamente con pronóstico reservado si bien con mejoría para las posibilidades de Ivonne Alvarez al poner distancia de la marca del gobernador, quien resultó ser el tema principal en la campaña.
La parte jurisdiccional resultará sin duda más que agitada, dado que, según comentarios del magistrado Flavio Galván, hay casi 20 mil recursos interpuestos por partidos, candidatos y ciudadanos, más las que se acumulen derivadas de denuncias provenientes de la propia jornada electoral. Serán las elecciones más observadas y litigiosas en la historia electoral mexicana. Por supuesto, el novísimo Instituto Nacional Electoral estará a prueba, como también la capacidad del Estado mexicano para garantizar el orden público y la seguridad de los electores.
No obstante, el riesgo mayor para las elecciones lo representan los violentos y los grupos antisistema, el cual sin duda deberá ser superado por los ciudadanos mediante el ejercicio del voto, que permitirá que su voz se escuche claro y fuerte en un mandato para los próximos años: continuidad o cambio al rumbo seguido hasta el momento.
Ello pondría en el horizonte los otros temas venideros: proseguir la implementación de las reformas estructurales; la reconstrucción de la paz social; la instalación del Congreso y, el III Informe Presidencial, en cuyo contexto se estarían considerando las medidas que harían de las elecciones una oportunidad de renovación y no de confrontación.
2. Implementación de las Reformas y Reconstrucción de la paz social
Los dos objetivos centrales del Gobierno, en cuyo énfasis se estaría buscando centrar la gobernabilidad política de los próximos tres años para reanimar la coalición gobernante que otrora se diera en el Pacto por México, son a luces vistas la implementación de las reformas estructurales (o ejecución, como dice el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño) y la reconstrucción de la paz social, por hoy severamente cuestionada en el tema de los derechos humanos.
En el primer caso, concerniente a la implementación de las reformas estructurales, los tiempos de resultados de las mismas se han alargado aún más por el difícil contexto internacional, en donde la economía mundial se recupera mucho más lentamente que cualquier previsión, el precio internacional del petróleo habrá de proseguir bajo por un largo periodo (de dos a cinco años) y las tasas de interés de las referencias internacionales, sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos, habrán de subir hacia finales del año, encareciendo el servicio de la deuda y la disponibilidad de crédito para otra operaciones.
Sin duda, lo mejor de las reformas estructurales han sido las expectativas internacionales que ha generado sobre las posibilidades futuras de nuestro país; las agencias calificadoras y la OCDE siguen estimando que, cuando estén funcionando, podrían agregar hasta tres puntos adicionales al crecimiento del PIB; la cuestión es que los tiempos en que esto podría acontecer se han estirado bastante, suponiendo que, si las cosas salen bien y se logra brincar el bache de credibilidad y elecciones actual, hacia finales del sexenio se estaría alcanzando el objetivo de un 5% de crecimiento, con la ventaja de que podría ser sostenible.
Los resultados que se han observado al momento, como son una mayor formalización de la economía, en donde el IMSS registra más empleos formales que nunca antes (con un bajo desempleo abierto, del 4.3% según reporta INEGI) no obstante el contraste de los bajos salarios que se siguen pagando; la reducción del costo de la energía eléctrica, que se estima al momento en un 9% residencial y un 20% industrial y que ya la CFE anunció que proseguirá en los próximos meses; la desaparición del cobro de la larga distancia y el efecto en la reducción del costo de servicios de telefonía móvil y banda ancha, palidecen con el efecto de la depreciación de la moneda ante el dólar, que ha llevado la inflación en la canasta básica muy cerca de los diez puntos (en tanto que la cifra oficial, que mezcla varios otros insumos es inferior al 4%). El mayor efecto en el bolsillo de la gente habría sido una reducción en el precio de la gasolina, algo que sólo será observable hacia el año 2017, cuando se libere completamente el mercado del combustible. En lo que se refiere al crecimiento del PIB para este año, éste ha sido ajustado por enésima ocasión, oficialmente al 2.6%, en tanto que para los analistas del sector privado esta medición se estaría yendo hacia la zona del 2%.
Es claro que, una vez pasados los comicios, realizado el balance del costo político pagado por las reformas –que al menos no se traducirían en una derrota frontal contra el gobierno, según las cifras que manejan prácticamente todas las encuestas— la lógica de actuación gubernamental será el poner mayor énfasis en la implementación de las reformas estructurales, incluida la tan polémica reforma educativa, puesta en moción suspensiva para darle espacio a unos comicios menos calientes.
Respecto de la reconstrucción de la paz, también es claro que, en el combate a los cárteles de las drogas, no hay puntos intermedios. Ya algunos analistas especulan sobre la metodología de combate adoptada en la estrategia actual, que va por la aniquilación de los cárteles mediante la lucha entre éstos, es decir, las fuerzas del orden establecen perímetros dentro de los cuales los maleantes se liquidan entre sí, algo así como en Michoacán los grupos de autodefensas fueron utilizados para limpiar el terreno de templarios, lo que en otras situaciones realizan elementos de las propias fuerzas armadas o de la policía federal.
No obstante las cifras oficiales del combate a la delincuencia, que según se mire irían a la baja, la percepción ciudadana y del exterior sigue siendo de gran preocupación, de inseguridad y de predominio de los grupos delicuenciales en los distintos niveles de la seguridad pública. El número de homicidios dolosos reportados podría estar descendiendo, pero según las cifras de organizaciones independientes, las de otros delitos se han ido incrementando, como son el secuestro, el robo con violencia, el robo de automóviles y a casas-habitación, que son los que mayormente impactan a la ciudadanía. Es muy probable entonces que la reconstrucción de la paz sea también un asunto para varios años de esfuerzo sostenido. 3. Instalación del Congreso. Hacia el 7 de agosto, dos meses después de los comicios, los tribunales electorales habrán desahogado las miles de impugnaciones que resulten tras la jornada electoral. Hay la previsión de los magistrados en el sentido de que éstas serán las elecciones más controvertidas en tribunales, si bien los reconteos en aquellos casos donde la diferencia entre el primero y segundo lugar resulte inferior a 5% ayudarían a despresurizar el ánimo litigioso.
Es así entonces que, una vez determinado con certeza jurídica el número de diputaciones de mayoría alcanzados por cada una de las fuerzas políticas, el INE procedería a realizar la distribución de las curules de representación proporcional; con 32 a 35% de los sufragios, el PRI obtendría entonces de 170 a 195 curules totales, lo que ciertamente estaría lejos de ser considerado un triunfo electoral respecto de la bancada actual, que es de 213, alcanzable si se lograra aplicar la cláusula de sobrerrepresentación del 8%.
El Congreso estaría entonces en condiciones de instalarse a partir del 15 de agosto, fechas en las que estarían por definirse los liderazgos camarales y la realización de las reuniones plenarias para la construcción de agendas legislativas. En el caso del PRI, según palabras del presidente de la República, no necesariamente César Camacho sería el coordinador de los diputados, estando en la ruta también Enrique Jackson y Jorge Carlos Ramírez Marín. Para el PAN, sería inevitable que el coordinador legislativo fuera Gustavo Madero, si bien aún debieran resolverse las peculiaridades del relevo de dirigencias en este partido. En el caso del PRD, el coordinador del grupo sería Jesús Zambrano, más que perfilado al respecto. En lo que se refiere a la agenda legislativa, ésta habría de estar más que nutrida, con tantos pendientes como han quedado en el Senado de la República; señaladamente, el paquete de seguridad y justicia enviado por el Presidente Peña Nieto, lo que resulta más relevante porque el próximo 26 de septiembre se estaría cumpliendo un año de los trágicos hechos de Iguala; son necesarias además, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, incluido el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que no se ha hecho; por supuesto, el gobierno habrá de presentar el polémico Paquete Presupuestario 2016 con el nuevo enfoque del Presupuesto Base Cero que habrá de ameritar largas discusiones, y existen otros temas que, de no ser abordados en algún extraordinario al cierre de la actual Legislatura, sería imprescindible abordar, como la Ley contra el Robo de Hidrocarburos; el paquete Ficrea y, dependiendo del interés que el PRD le ponga, la reforma política del DF.
Estaría también entre los tópicos inmediatos el realizar la elección de las mesas directivas de ambas Cámaras; en el Senado, se estaría perfilando el senador Roberto Gil Zuarth, dado que le toca al PAN presidir; en tanto que en la Cámara de Diputados, debiera presidir el PRI durante el primer año.
4. III Informe de Gobierno
Si bien el lustre de los informes presidenciales se ha perdido en buena medida como resultado del advenimiento del pluralismo político, el III Informe Presidencial guardará relevancia en la medida en que la sociedad perciba que es el tiempo de realizar un balance a la mitad del camino que permita persistir, corregir o enmendar el rumbo seguido hasta el momento. Sería sin duda el mejor momento para el análisis del medio tiempo y sacar las lecciones que resulten del proceso electoral intermedio.
Al respecto, el presidente Obama, tras la derrota que su partido sufriera en las elecciones intermedias de noviembre del 2014 en los Estados Unidos, evitó lamer sus heridas y se lanzó al ruedo, obsequiando a los ciudadanos que le habían vuelto la espalda con un “ya los escuché”, con lo que las lecciones de la elección le llevaron a plantear una ofensiva mediática y política para sostener la primacía presidencial y no volverse un “presidente cojo” que sólo estaría esperando la conclusión de su mandato y entregar el poder a los republicanos.
El Presidente Enrique Peña Nieto, tras los resultados que sean de las elecciones, podría realizar un lance hacia adelante y hacer del juicio de los ciudadanos, que han hecho de la corrupción el tema central de las campañas, un momento para escuchar y cambiar lo que resulte necesario (tras la ola de lodo, denuncias, filtraciones y grabaciones ilegales que documentaron más allá de toda duda el enriquecimiento de varios gobernantes, entre ellos los de Sonora, Nuevo León, Jalisco y los ex de Guerrero y del Distrito Federal).
El “ya los escuché” del Presidente Peña pudiera ser la sujeción a proceso de gobernadores como los señalados, ante la evidente corrupción y enriquecimiento ilícito que les señala. Si a ello agregara un rediseño de su gobierno, en donde agregara buen nombre a la eficacia debida en el ejercicio de los cargos conferidos, el cambio de terreno estaría más que acreditado, lo que le permitiría proseguir el rumbo hacia la concreción de las reformas estructurales con mucho mayor efecto y margen de acción, lo que podría permitir al PRI recuperar imagen, espacio y posibilidades hacia una sucesión presidencial más controlada.
Si quisiera ir más al futuro, el rediseño del gobierno podría hacerlo desde la figura del Gobierno de Coalición al que puede optar desde la Constitución, como es su facultad para agregarle fuerza legislativa y legitimidad al propio Gobierno. En un contexto como el actual, si decidiera llamar a un Gobierno de Coalición, con un buen diseño reforzaría además la confianza interna y el reconocimiento internacional a su gobierno, permitiendo un mejor aterrizaje para las reformas estructurales.
La disyuntiva para el Presidente sería gobernar en minoría ante el resto de las fuerzas políticas y seguir intentando negociaciones coyunturales mediante concesiones propias de los acuerdos políticos o bien, construir una gran mayoría a partir del Gobierno de Coalición. 5. La doceava Reforma: Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, el mecanismo previsto en el Sistema Nacional Anticorrupción adquiere vigencia constitucional. Casi dos años después de que se lo propuso, el Presidente Enrique Peña Nieto la promulgó, restando aún por legislarse el paquete de leyes reglamentarias, casi veinte más, para que el proceso de reconstrucción de la integridad pública concluya. De haber sido aprobada esta iniciativa en su modalidad de Comisión Nacional Anticorrupción, quizá muchas de las funestas situaciones que hemos vivido en los últimos meses no se habrían presentado.
Entretanto, habrá que esperar casi un año más a que el Congreso se integre y procese el paquete de legislación secundaria respectivo, inclusive ponerse de acuerdo para elegir al Fiscal Anticorrupción en el cuerpo de la Fiscalía General de la República, órgano con autonomía constitucional cuya ley orgánica tampoco ha sido aprobada aún por el Senado. La corrupción resultó sin duda el tema de mayor relevancia electoral. Para reconstruir la confianza perdida, es preciso que haya resultados ejemplares par que la puesta en marcha de un sistema tan ambicioso como complicado en su operación sea seguida de ejemplos concretos que demuestren a la sociedad que la lucha contra la corrupción va en serio.
Al respecto, Edgardo Buscaglia, experto de la Universidad de Columbia, condensa lo que podría ser el juicio a una legislación que podrá ser de avanzada, pero no necesariamente lograr eficacia; Buscaglia señaló que “la última propuesta anticorrupción es una vacilada, es un gran show de aparentar que se estaban haciendo cosas que no significan nada”. Es decir, no significan nada en tanto no caigan “peces gordos” o se transparenten fehacientemente las sospechas que han manchado a varios funcionarios del gobierno, del mayor al menor.
Prosigue Buscaglia señalando que, para que la legislación sea eficaz, debiera haber maxidetenciones en México como las que han sucedido en Colombia e Italia en su momento, y como las que están sucediendo en Chile o en Brasil actualmente, donde los gobiernos han debido ser renovados y se ha detenido a connotados integrantes del primer círculo gubernamental. De lo contrario, podría ser el corolario de esta reflexión, una buena legislación sin aplicación concreta no tiene mucho sentido.
Es eso, o ir simplemente hacia el futuro. “Ya los oí”, dijo Obama, evitando lo que pudo haber sido el fin de su gestión presidencial.