México debe tomar “medidas inmediatas” para proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de jueces, magistrados y fiscales del país, incluyendo el freno de las iniciativas que lesionan la irreductibilidad en el salario de los juzgadores, demandó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CCPR) como parte de las observaciones finales del VI informe periódico sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El informe del Comité en su “versión avanzada no editada” dada a conocer este jueves, resalta la preocupación que implican los informes sobre intentos de injerencia tanto de actores públicos como privados en el Poder Judicial de la Federación, así como en la Fiscalía General de la República. En ese sentido, advierte, “preocupan las iniciativas que lesionan la irreductibilidad de salarios de jueces y magistrados (…) asimismo, las iniciativas de reformas legales que, de aprobarse, afectarían la independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía”.
Un ejemplo de dichas iniciativas, indica el CCPR, son aquellas iniciativas de reformas que pretenden intervenir en la nominación, traslado, promoción, disciplina y termino de funciones de jueces y magistrados; sin hacer alusión a alguien en particular las presiones por denuncias o acusaciones de corrupción generalizadas también es otro factor de inquietud por parte de la organización en contra de los integrantes del Poder Judicial.
“El Comité está preocupado por denuncias de ataques a jueces y magistrados con declaraciones generalizadas de corrupción y la exhibición de nombres, la imposición de medidas disciplinarias o traslados indebidos a jueces que toman decisiones contrarias a los intereses de los gobiernos”, señala el Comité en sus observaciones.
Hasta octubre de este año, más de cinco mil jueces, magistrados, consejeros electorales y empleados de Gobernación y del Banco de México, entre otras dependencias se han amparado contra la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos que les impone ganar menor que el presidente Andrés Manuel López Obrador (un salario no mayor a los 108 mil pesos mensuales), quien ha reprochado reiteradamente en sus conferencias mañaneras los casos de corrupción y los altos sueldos de los que goza el Poder Judicial y órganos autónomos como el INAI y la CNDH.
Pero no son los únicos aspectos que le preocupan al órgano de expertos independientes encargados de supervisar la aplicación de este tratado multilateral general ratificado por 167 Estados parte (países). En la lista de principales motivos de preocupación se encuentran: el aumento progresivo de la violencia contra las mujeres, las altas y crecientes tasas de homicidios, ejecuciones extrajudiciales e índices de letalidad y la recurrente impunidad en casos de violaciones graves de derechos por parte de agentes del Estado.
Así como la existencia de grupos de autodefensa y las violaciones cometidas por este tipo de grupos, los abusos y delitos denunciados a partir de la “política de contención” de migrantes del actual gobierno, las amplias facultades que les han sido otorgadas a jueces y fiscales militares; el otorgamiento de licencias para la exploración y explotación en territorios de comunidades indígenas para el desarrollo de “megaproyectos” sin contar con el consentimiento de estos pueblos; así como los altos niveles de violencia letal e intimidaciones contra defensores de Derechos Humanos y periodistas.
Sobre la violencia contra la prensa, durante la conferencia del miércoles 6 de noviembre el mandatario fue increpado cuando se le cuestionó por los ataques y la estigmatización que él mismo ha fomentado con sus señalamientos contra de periodistas y medios de comunicación que son críticos de la llamada cuarta transformación; al ser cuestionado por representantes de una misión internacional de 17 organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el presidente López Obrador admitió que veía a los periodistas como sus adversarios no como enemigos.
Los otros riesgos
De la revisión que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU se desprenden inquietudes que de alguna manera por años ha padecido el país en cuanto a violaciones graves a los Derechos Humanos, y que tienen que ver con vulneraciones y abusos contra víctimas del delito, mujeres, menores de edad, comunidades afromexicanas e indígenas, actos de discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género, entre otros temas.
Aquellos que tienen que ver con decisiones y acciones del actual gobierno también son incluidas en la veintena de principales preocupaciones y sus respectivas recomendaciones que la ONU hace para intentar subsanarlas.
Entre estas y en el contexto de ejecuciones extrajudiciales (homicidio atribuido a funcionarios públicos) y los altos índices de letalidad, el Comité expresa su preocupación por la actuación de la recién creada Guardia Nacional, pues si bien es concebida como institución civil, su integración con militares y marinos implica no tener un calendario claro respecto al retiro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana.
“El Estado parte debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana”, instó el Comité.
Sobre el combate a los índices de impunidad, las observaciones finales hacen una mención al caso Iguala como un ejemplo “emblemático de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, del cual lamentó que pese a las recomendaciones de diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos y las medidas adoptadas, “el Estado parte (México) no ha esclarecido el paradero de los estudiantes, sancionado a los responsables y reparado de manera integral a las víctimas”.
Por lo cual llamó al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para indagar prontamente todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera “pronta, exhaustiva e imparcial”, incluyendo el ataque y la desaparición de los estudiantes normalistas, ocurrida en septiembre de hace cinco años.