Organizaciones de derechos humanos responsabilizaron a funcionarios de alto nivel, como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, por los actos de acoso y hostigamiento de la Guardia Nacional en contra del albergue Casa Migrante Saltillo, ocurridos ayer.
En redes sociales, defensores del albergue para migrantes denunciaron que elementos de la Sedena y la policía local se postraron en la puerta de la organización para tomar fotos y videos a Alberto Xicotencatl, director de la casa, con fines intimidatorios.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que “este proceso de criminalización y estigmatización pública en contra de defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes tiene su origen en declaraciones de alto nivel, incluso de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.
*URGENTE* @SEDENAmx y @policiasaltillo en coordinación, hacen verificación migratoria en la puerta de nuestra organización. Exigimos respeto al art. 75 de la ley de migración. pic.twitter.com/HNp4A2II5J
— CasaMigranteSaltillo (@CDMSaltillo) July 23, 2019
El pasado mes de febrero, durante una conferencia en Washington Sánchez Cordero, señaló a la organización de Pueblo Sin Fronteras, de ser los responsables de organizar las caravanas de migrantes centroamericanos que llegan a México.
“Hay que ver quiénes están promoviendo las caravanas, qué organizaciones están promoviendo, quienes son los líderes, cómo reclutan a la gente desde Honduras, estos líderes y cómo realizan este movimiento migratorio inusual pero que se va a convertir en algo normal”, expresó la funcionaria.
Para las organizaciones de derechos humanos, estas acusaciones no tienen sustento, son “generalizantes y con el objetivo de desprestigiar la labor que las organizaciones de derechos humanos han realizado durante décadas”.
Además, explicaron que tales declaraciones provocan “que autoridades locales se sienten legitimadas para hostigar a organizaciones, albergues y personas defensoras que les son incómodas por señalar sus omisiones y simulaciones”.
En un informe de 2015, la Comisión interamericana de derechos humanos publicó que “Este tipo de pronunciamientos y declaraciones en algunos casos servirían de fundamento para iniciar acciones penales en contra de las y los defensores con el fin de obstruir sus labores”, expresión retomada en el comunicado.
En Washington, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsabilizó a la organización Pueblo sin Fronteras del reclutamiento de migrantes centroamericanos en las caravanas que atravesaron México desde octubre pasado #enPunto pic.twitter.com/ii8I4j54Ql
— Denise Maerker (@DeniseMaerker) March 1, 2019
Finalmente, las organizaciones firmantes del documento exigieron “el cese inmediato de todo acto intimidatorio en contra de este albergue humanitario que desde 2001 brinda atención integral y acompañamiento en derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas”.
El 20 de julio pasado, elementos de la Policía Federal pretendieron realizar una revisión migratoria en la CDM Saltillo. Al señalarles que no podían hacerla, amenazaron a un integrante del equipo diciendo que se estaba “metiendo en un grave problema” y que pedirían la intervención del Instituto Nacional de Migración para acordonar el área, informaron en el comunicado.
Ayer 23 de julio, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Policía de Saltillo hicieron nuevamente verificación migratoria a las puertas de la CDM Saltillo.
Actualmente, la Casa Migrante de Saltillo cuenta con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con medidas de protección del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El comunicado fue firmado por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) que se conforma por 87 organizaciones en todo el país, y por Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana (PRAMI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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