Fue la primera batalla y la perdió, pero Rosario Robles no se quebró. En 12 horas su rostro, actitud y mirada no cambiaron, se le percibía dura, seca, por ratos molesta, pero se esforzaba por mostrar tranquilidad. Sólo por unos instantes su voz gruesa se quebró, cuando peleaba por mantenerse fuera de prisión: “No tengo recursos para evadirme”, le aseguró al juez.
Pero el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, no le creyó, ni a sus abogados defensores, ni a las seis cajas de pruebas que cargaban en un diablito. Decidió que por el momento sí había pruebas suficientes para iniciar el proceso, que le concedería a la Fiscalía General de la República dos meses para ampliar las indagatorias y que la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podía huir, por eso debía quedar presa. No lo esperaban, ni los abogados ni su familia ni mucho menos ella, su peor escenario era ir a juicio, pero no pisar la cárcel. Se estremecieron.
Así, esta mañana, Rosario Robles Berlanga debió subir a una camioneta de la Policía Federal que la llevó al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Apurados prepararon una celda en el área de ingreso, el examen médico correspondiente y toda la documentación necesaria para recluirla en el centro de reclusión ubicado al oriente de la ciudad, y así se convirtió en la primera exsecretaria de Estado que el gobierno de la Cuarta Transformación lleva a prisión y somete a juicio.
El juez fue más allá, haciendo uso de sus facultades y utilizando las pruebas de la propia defensa de Rosario Robles, pidió a la FGR que investigue si el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario José Antonio Meade tienen algún tipo de responsabilidad en este caso.
Al salir sus abogados, encabezados por Julio Hernández Barros, acusaron de violaciones a derechos humanos de su cliente e incluso la llamaron ya presa política.
Dando la cara
Igual que el jueves pasado, cuatro días después, Rosario Robles Berlanga llegó puntual a su cita a los juzgados del Reclusorio Sur donde a las seis de la tarde continuaría la audiencia en la que se definiría si sería vinculada o no a proceso, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Dato: De encontrarla culpable, el juez podría sentenciar a Rosario Robles a una condena mayor a los cuatro años, de la cual al tratarse de una conducta agravada no alcanzaría beneficios.
«Con las faldas bien puestas, agarrando al toro por los cuernos y dando la cara», soltó Robles Berlanga a su llegada y así reflejó su ánimo la exsecretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien acompañada por sus abogados arribaron con al menos seis cajas que contenían las evidencias que, aseguraron entonces, probarían su inocencia.
«Tenemos suficientes elementos como para creer que no habrá una vinculación (a proceso) seguramente se prolongará la audiencia, pero confío en que lo vamos a lograr», comentó a ejecentral el abogado Julio Antonio Hernández Barros.
Sin contar con recesos, fueron 12 horas en las que finalmente no sólo Rosario Robles quedó vinculada a proceso, por presuntas omisiones ante irregularidades cometidas durante su gestión y que habrían causado un daño de alrededor de 5 mil millones de pesos en esas dependencia; sino que además, entre los alegatos y refutaciones presentadas entre la defensa y la fiscalía ante el juez de control, este instruyó a indagar si tanto el sucesor de Robles al frente de la Sedesol, José Antonio Meade, así como el expresidente Enrique Peña Nieto tuvieron responsabilidades de los mismos delitos.
“Decidió no hacerlo”
A las 18 horas con 30 minutos comenzó la diligencia en la que sus abogados aseguraron que la FGR se había negado a recibir los descubrimientos probatorios que desvanecerían las acusaciones contra su clienta.
Los alegatos que presentó la defensa de Robles fueron las testimoniales de tres de sus exfuncionarios, oficios y diversos comprobantes que en total sumaron, al menos, 32 pruebas desahogadas y que después fueron contradichas por los agentes del Ministerio Público federal, así como de los representantes jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre los argumentos que presentaron los abogados de Robles, se señaló que las acusaciones de la fiscalía tenían que ver con actos ya consumados que no tuvieron concordancia con la temporalidad en que su defendida había dirigido la Sedesol, y mostraron también el oficio con el que en 2017, aun como titular de Sedatu, solicitó restringir la celebración de contratos con entes públicos.
No obstante, la consideración del juez fue que dichas pruebas no eximían a Rosario de su carácter de garante del Estado, quien tiene la facultad y como secretaria de Estado estaba obligada para vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos del erario público, «cosa que no hizo, porque decidió no hacerlo», sostuvo Delgadillo Padierna.
El juez consideró que por el momento se demostró que Rosario Robles estuvo enterada del mecanismo en que incurrieron los mismos funcionarios a su cargo, tanto en la Sedesol como en la Sedatu, al bajar recursos para fines distintos a los de combatir la pobreza y el ordenamiento territorial correspondientes de forma general de ambas dependencias.
Lo cual habría causado un daño al patrimonio y los intereses de ambas dependencias calculados en el menos cinco mil millones de pesos. Esta forma de operar, consideró el juez, fue encabezada por Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como su Oficial Mayor en las dos instituciones, y quien ha sido uno de sus colaboradores de confianza más cercanos desde hace 20 años.
Avisó a Peña y Meade
Durante la maratónica audiencia de la causa penal 314/2019, Rosario Robles señaló que informó al expresidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade sobre las irregularidades en la Sedesol.
Como parte de su defensa, los abogados sostuvieron que era a través de la línea roja, reuniones de gabinete y giras como ella tuvo medios de comunicación con el exmandatario; mientras que en el caso de su sucesor al frente de la Secretaría de Desarrollo Social hoy denominada Secretaría de Bienestar, la defensa sostuvo que ella informó a José Antonio Meade Kuribreña de los pendientes por solventar de las auditorías y pliegos de información con la ASF, esto como parte de la documentación de entrega-recepción de la Sedesol.
El juez, ya en su determinación, avaló que sí informó a través de esa acta-recepción de la Sedesol a quien iba a sucederla (Meade), pero no hubo ningún elemento que comprobara que efectivamente había informado al presidente Peña Nieto sobre las irregularidades y el posible daño causado en las instituciones que Rosario Robles encabezó en su gobierno.
Cuando supo respecto al acta, el juzgador Delgadillo Padierna lo calificó como una «joya», y dio la instrucción a la defensa para que a más tardar el 16 de agosto (el próximo viernes) presentara la copia certificada de dicha acta, e instó al Ministerio Público a evaluar si lo acusaría de los mismos cargos que se le imputaron a Robles Berlanga.
Asimismo, pidió a la FGR que aclare si Peña Nieto tuvo conocimiento o no de las irregularidades que se registraron en los convenios de la Sedesol y la Sedatu, y en ese mismo sentido aclarar si hizo algo o no para repararlos en caso de que sí hubiera estado al tanto.
La Pelea
Alrededor de las 3:50 de la madrugada de este martes, pasadas las nueve horas de audiencia, los ánimos estaban muy tensos, porque el juez había definido que sí se iniciaba el juicio, pero ahora faltaba ver en qué condiciones, es decir, las medidas cautelares que el Ministerio Público pediría que se le impusieran a la hoy exfuncionaria imputada y vinculada a proceso.
El Ministerio Público atacó: “Que bueno que vino a dar la cara (Rosario Robles) lamentablemente vino mucho tiempo después de habernos visto la cara a todos los mexicanos”, soltó el fiscal Manuel Granados Quiroz durante su argumento para solicitar al juez la prisión preventiva justificada como medida cautelar para Robles Berlanga por las condiciones de riesgo de fuga que según los fiscales advertían en la acusada.
El fiscal arremetió y expuso ante el juez que aunque a su ingreso al Centro de Justicia Penal federal la imputada había dicho que venía a dar la cara, ella ya no gozaba “del manto protector” del expresidente Peña Nieto. Ante lo cual, la reacción de uno de los abogados de la exsecretaria, Manuel Saucedo Ortíz, fue inmediata: “bájale de huevos”.
El juez no perdió un segundo, y enérgicamente le advirtió que si volvía a tener una expresión de esa naturaleza lo sacaría de la sala. Desde la audiencia del jueves de la semana pasada el juez había tenido diferencias con dicho jurista a quien le exigió que no tomara consideraciones u opiniones a nombre de él, pues en la sala él (el juez) era el que tomaba las decisiones, desde entonces lo había señalado.
Prácticamente desde las 4 de la madrugada, ya de este martes, cuando el juez inició la argumentación previa para dar a conocer si vincularía o no a proceso a Rosario Robles, la hija de ésta, Mariana Moguel Robles, se quedó dormida. Lo cual está prohibido en una diligencia y podría habérsele obligado a salir, pero el juez aunque en todo el resto de las cosas fue muy estricto, en esto no y la dejó.
Cuando Rosario Robles escuchó al juez que la sometería a juicio y para tratar de evitar la prisión, con rostro cansado, desencajado y después de ya más de 11 horas de audiencia, aún con su vestido blanco y pañoleta roja al cuello, se dirigió al juzgador y le dijo cuidando el tono y sus palabras:
“Vivo en la misma casa desde hace 24 años, he trabajado toda mi vida en la administración pública…No tengo un patrimonio para sustraerme. No viví en Canadá y regresé a México impunemente. No tengo recursos para evadirme…”.
Su voz se quebró levemente, algo que no había ocurrido en toda la audiencia, y retomó la palabra: “Jamás podría imponer autoridad, que ya no tengo, sobre exfuncionarios públicos que estuvieron a mi cargo..Soy una mujer de paz, he luchado contra la violencia, he luchado por la paz. No existe razón para imponerme la prisión preventiva justificada como medida cautelar”, el juez la escuchó, pero no le creyó.
Doce horas de la primera batalla, en las que la defensa de Rosario Robles buscó demostrar su inocencia, pero el juez desestimó cada una de esas pruebas por una sola razón, que las irregularidades se cometieron con la omisión y el dolo directo por parte de Rosario Robles, quien pese a haber sido advertida de las irregularidades que podrían y que finalmente causaron un daño al patrimonio de la Sedesol y la Sedatu, durante el tiempo que ella encabezó dichas instituciones, se siguió cometiendo de manera reiterada y no hizo nada para impedirlo, contra eso no tenían pruebas los litigantes.
Ante los medios de comunicación, al exterior del Reclusorio Sur, los abogados de Robles acusaron la determinación del juez como violatoria de derechos humanos y de los tratados internacionales en los que México ha sido firmante.
La Justicia nos ha fallado; Rosario es una presa política
“Realmente estamos ante una persecución”, acusó el abogado Julio Hernández Barros a las afueras del Centro de Justicia Penal del Reclusorio sur tras salir de la audiencia donde fue vinculada a proceso su defendida, quien sostuvo se trata de “una presa política”.
En entrevista con los medios de comunicación, el litigante fue cuestionado respecto a si el equipo de juristas que llevaron la defensa de la exsecretaria presentarían las pruebas que había instruido el juez de control entregar en torno al caso, a lo cual respondió: “lo vamos a valorar. No sé hasta qué punto estamos obligados a ofrecer las pruebas que son de nuestra propiedad, vamos a valorarlo, todavía no tenemos una estrategia de la defensa”
Y añadió que, “en el panorama más negro de esta defensa jamás pensamos que llegara haber una arbitrariedad como esta”, en referencia a la vinculación de proceso y la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar para su clienta.
“Jamás lo imaginamos porque confiábamos en el estado de derecho, lo habíamos dicho, confiábamos en el poder judicial federal, pero ahora todo es desilusión y decepción porque creo que la justicia nos ha fallado”, lamentó el abogado.
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