Enrique Del Val

De los resultados conocidos de estos cinco meses del nuevo gobierno, en materia de transparencia en adquisiciones y obras públicas lo que podemos decir es que frecuentemente existe confusión en la interpretación de las leyes respectivas y quizá ello se debe a la novatez de los nuevos servidores públicos o al desconocimiento de las leyes, lo cual es muy grave porque, como hemos mencionado en artículos anteriores, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intervenga, sin duda les hará observaciones y no creo que la salida sea descalificar a los funcionarios de la ASF.

Son varios los ejemplos en las grandes obras y adquisiciones que está realizando el gobierno que no cumplen con la transparencia y las disposiciones legales y, por lo visto, poco les importa, lo cual es lamentable por las consecuencias que puede haber tanto en la obra o la adquisición misma, como en la responsabilidad del servidor publico que está violando la ley, incluso con mentiras. Hoy todo queda registrado.

Dos ejemplos demuestran la confusión que existe en la materia. El primero se refiere a la compra de emergencia de las llamadas pipas para el transporte de combustible en el pasado enero, cuando se cerraron los ductos y fue necesario y urgente distribuir la gasolina y otros hidrocarburos, lo cual era entendible.

Al respecto se informó que varios servidores públicos de diferentes secretarías y de Pemex se habían trasladado a Estados Unidos para adquirirlas porque los fabricantes no tenían en el país. Hasta aquí parecía todo muy bien, pero resulta que a un ciudadano se le ocurrió pedir información a Pemex sobre tal adquisición y los funcionarios de este gobierno actuaron de la misma forma que los que tanto critican del gobierno anterior, es decir, ocultando la información.

Ahora ha intervenido el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), instruyendo la semana pasada a Pemex a transparentar la compra de pipas y exhibe las informaciones diferentes al interior del aparato gubernamental, ya que en enero la oficial mayor de la SHCP anunció que se habían comprado 671 pipas, pero en abril el director de Pemex redujo la compra a 612 pipas; primera contradicción.

La Secretaría de Energía, junto con la de Hacienda y Crédito Público, inventaron el concepto de “adjudicación competitiva”, mismo que no existe en nuestra legislación; segunda contradicción.

Pemex respondió a la persona que solicitó la información que no la tenía porque quien había adquirido las pipas fue la empresa I.I.I., S.A. de C.V., filial suya y cuya normatividad es de derecho privado, por lo que no está obligada a darla; tercera contradicción.

El tema llegó a la mañanera del pasado lunes y ahí el Presidente dio instrucciones de que se diera la información, descobijando una vez más a sus colaboradores; cuarta contradicción.

En otro capítulo de desconocimiento de las disposiciones legales, nos encontramos con que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos hizo un concurso y lo ganó una empresa que ofreció el precio más barato, pero resulta que el dueño es compadre del Presidente de la República y éste decidió pedir que se cancele el contrato. El compadre es un conocido empresario del papel, es decir, no es un recién llegado, pero AMLO dijo que no quiere que se le asigne porque “somos honestos y no queremos que se dude de nuestra integridad”.

El concurso fue realizado conforme a la ley y ahora, en una decisión fuera de toda norma, resulta que el papel para los libros de texto le saldrá más caro al gobierno, sin ninguna justificación legal.

Ahora nos preguntamos ¿quién es el responsable de pagar más por el papel? y ¿esta decisión está justificada legalmente o habría que fincar responsabilidades de conformidad con nuestro marco jurídico? 

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