Enrique Del Val

Entre las mayores contradicciones que existen en este planeta se encuentra la de que uno de los países más corruptos del mundo tenga una ley para combatir la corrupción realizada en otros países por compañías, tanto norteamericanas como extranjeras, privadas o públicas. El único requisito para estar sometidos a dicha ley es que las acciones de la empresa en cuestión se coticen en alguna bolsa de valores de Estados Unidos. Así de simple.

La ley se denomina en español “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” y desde que entró en operación, en el año 1977, ha sido un negocio redondo para el gobierno de ese país y sus agencias. Todas las multas o acuerdos monetarios a los que llegan son producto de la corrupción realizada en otros países, es decir, la corrupción no se realiza en Estados Unidos.

En los años que lleva operando, el Tesoro estadounidense ha recibido miles de millones de dólares por las multas que imponen, sin la menor protesta de las empresas corruptoras, en su inmensa mayoría privadas, porque saben que no pagar la sanción es dejar de hacer negocios en aquel país.

Antes de referirme al último caso de este mes comentaré algunos de los más notables y que están inscritos en el cuadro de honor de la corrupción. La empresa sueca de telefonía móvil Telia pagó el año pasado 457 millones de dólares como multa; la empresa holandesa dedicada a las telecomunicaciones denominada Vimpel entregó en 2016 la cantidad de 375 millones de dólares; la alemana Siemens ha pagado 350 millones de dólares; de la israelita Teva, dedicada a la farmacia, han sido 236 millones de dólares. Y así podríamos seguir.

Ahora nos referiremos al caso más grande que han tenido las autoridades norteamericanas y en el que acaban de llegar a un acuerdo con la empresa para evitar que se convierta en un caso penal. Como sabemos, en los Estados Unidos todo lo ilegal se puede arreglar legalmente con dinero y, por supuesto, los hechos corruptos también; el mejor ejemplo es el impresentable de Trump.

El caso en cuestión es de la empresa paraestatal brasileña de hidrocarburos Petrobras, que ha negociado con el Departamento de Justicia y con el equivalente a nuestra Comisión de Valores, el pago de la impresionante cifra de 1,780 millones de dólares. Afortunadamente, algunos países ya han logrado negociar con los estadounidenses que parte de la multa se entregue al país donde ocurrió la corrupción. México no lo ha negociado todavía. Esperemos que el nuevo gobierno lo haga.

Como resultado de lo anterior, los vecinos del norte se quedarán con 170 millones de dólares, entregarán al ministerio público federal de Brasil cerca de 700 millones y el resto será utilizado para cubrir la demanda colectiva de cientos de accionistas que se sienten engañados por los informes que rendían los ejecutivos de la empresa, varios de ellos ya en la cárcel, y que nunca mencionaron que utilizaban recursos para corromper a funcionarios brasileños, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para obtener ventajas, haciendo doble contabilidad en la que no aparecían los cientos de millones de dólares que repartían a todo mundo en Brasil.

Este caso es paradigmático pues, por primera vez, un país extranjero se da el lujo de sancionar a una empresa de un Estado soberano, cuyos hechos no ocurrieron en el país sancionador. Petrobras ha negociado y aceptado pagar las multas.

Por otro lado, es preocupante hasta dónde llega el brazo del imperio del norte hoy en el mundo. Supuestamente en el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, las acciones de combate a la corrupción estarán mejor coordinadas para que cada país sancione la corrupción habida en su país y no haya intervención de terceros, más allá de plena información que se requiera. La soberanía es y debe ser sagrada.

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