Enrique Del Val

Hasta hoy las acciones efectuadas por la presente administración en materia de adquisiciones y obras públicas son contradictorias y pareciera que hay varias tablas para medir la participación de las empresas en los procesos que se han convocado.

Tampoco está claro el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta nueva función, tan alejada de sus temas tradicionales, que hace de la Oficialía Mayor casi otra secretaría al encargarle las adquisiciones del sector público y agregándole ahora el pago de la nómina magisterial. Todo esto con la disminución de servidores públicos.

Y decimos que son contradictorias al tomar como referencia algunas decisiones en la materia, como el caso del veto del Presidente de la República a tres empresas para participar en los concursos del sector salud que se hagan, por haber incurrido en supuestas irregularidades. Sin embargo, a la fecha, las autoridades facultadas para determinar tanto la posible colusión en precios como la corrupción no han ejercido una sola acción documentada contra ellas, por lo que, digamos, en estos tiempos tan bíblicos, se encuentran en el limbo legal, pero sin poder participar.

En el caso de la refinería de Dos Bocas no se celebró concurso abierto, tal como parece ser la tónica que le gusta a este gobierno para hacer las cosas rápido, y se asignó directamente a cuatro empresas extranjeras que tienen la particularidad de haber sido denunciadas por actos de corrupción en otros países. Incluso algunas de ellas han reconocido dicha corrupción y han pagado multas al gobierno estadounidense.

Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad asignó un contrato mediante concurso a la empresa suiza Glencore, cuya fama en materia de corrupción es conocida en todo el mundo, por ser la única que cumplió con las condiciones establecidas para dicho concurso, después de haberle dado oportunidad de modificar algunos aspectos de la oferta ya que, de lo contrario, tampoco se le habría podido asignar.

Esta empresa ha tenido problemas con la justicia desde que la fundó el señor Marc Rich, empresario que se convirtió hace algunos años en uno de los hombres más buscados por el FBI por diversos cargos de corrupción y que huyó a Suiza. La empresa está incluida en los Papeles de Panamá por actos indebidos en la República Democrática del Congo y también está mencionada y vinculada en la investigación brasileña Lava Jato por haber corrompido a funcionarios de la paraestatal Petrobras. De la misma forma, la están investigando en Australia por posible evasión fiscal. En cambio, aquí en nuestro país se asoció con el consorcio G500 para el abastecimiento de gasolina.

La pregunta es ¿por qué se les permitió a esas empresas extranjeras participar en las obras y adquisiciones de Pemex y CFE con los antecedentes mencionados? De haberse aplicado el mismo criterio que a las distribuidoras farmacéuticas nada se les debería de haber asignado.

Ello es por lo que considero que las políticas del gobierno federal en esta materia son contradictorias y más vale que nos aclaren cómo se va a actuar, cuando se está demostrando, no sólo con rumores, sino con hechos, que algunas de las empresas invitadas directamente han sido acusadas, han reconocido su corrupción y pagado multas sin rechistar.

Considero que la mejor manera sería que todos nos apeguemos a las leyes y que haya el mayor número posible de concursos abiertos para evitar suspicacias, ya que, según datos publicados, más de la mitad de los contratos firmados por las diversas dependencias se han asignado directamente, es decir, sin ninguna competencia o, cuando menos, algún referente que permita conocer si se hizo bien o no. Sin duda, la Auditoría Superior de la Federación tendrá gran trabajo al revisar estos contratos. 

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