Gran alboroto han causado las palabras del Presidente electo sobre el combate a la corrupción, mismas que se han prestado a una serie de interpretaciones de los partidos políticos, incluido el suyo, de especialistas, académicos y columnistas, provocando una aclaración de la propuesta por parte de la próxima secretaria de la Función Pública, y expresó que dichas palabras fueron mal comprendidas. Vayamos por partes. El viernes pasado, en Guadalajara, el director del Centro de la OCDE para América Latina informó que “en México el costo económico atribuible a la corrupción alcanza entre el 5 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) , lo cual es verdaderamente alarmante.” Estamos hablando de 2.3 billones de pesos, incluso cuatro veces más que la cifra que ha mencionado reiteradamente el Presidente electo. Todo lo anterior con fundamento en un llamado “Índice de Integridad” que han construido y cuya última evaluación sobre nuestro país darán a conocer en enero próximo. Este índice, igual que el que elabora la organización Transparencia Internacional, está basado en opiniones y apreciaciones de las personas encuestadas. A lo que me refiero es a que los datos que contiene no son duros y comprobables al cien por ciento. Tan es así que, si en realidad existieran los recursos mencionados como desviados por la corrupción, no existirían los problemas que están viviendo para elaborar el presupuesto de egresos para 2019. Ahora bien, lo que el Presidente electo dijo al mencionar que habrá perdón y punto final para los corruptos fue: “es un perdón, sí. Así es lo que se está planteando. Es decirle al pueblo de México, punto final”... ”Que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad”. A partir de sus declaraciones han surgido decenas de comentarios, la mayoría de ellos de crítica a la propuesta, que fue matizada indicando que el perdón sería a corruptos que no tengan abiertos procesos judiciales. En una reunión con los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas Cámaras el sábado pasado, la futura secretaria de la Función Pública indicó que sí habrá castigos, ya que no habrá perdón sino una justicia que llamó “transicional”, y señaló que la instrucción de AMLO es combatir la impunidad junto con la corrupción, que las investigaciones se cierren y, en su caso, se apliquen los castigos necesarios. Entendemos que las investigaciones abiertas por la Secretaría de la Función Pública y los contralores internos de las dependencias seguirán su curso, así como también, sin duda, continuarán las acciones de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que no está claro es qué va a pasar ahora que se hagan los actos de entrega-recepción y se encuentren posibles situaciones irregulares: ¿se van a dejar pasar, ya que formalmente no hay abierta alguna investigación y por tanto caen dentro del perdón? Esto, a mi juicio, sería muy lamentable. Por poner un ejemplo, el desmonte de las 300 hectáreas del terreno donde supuestamente se va a construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ha sido denunciado por no contar con la manifestación de impacto ambiental; la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha expresado no contar con la información precisa y que el hecho les corresponde a los actuales funcionarios. En este caso, ¿si los actuales funcionarios no hacen nada en esta semana, ella ya no lo hará, en función del perdón, y verá para adelante? Siendo la corrupción pública y privada tan grave como señalan tanto el Presidente electo como organismos nacionales e internacionales, lo conveniente sería reflexionar sobre otorgar el perdón, porque resultaría en un insulto para aquéllos que confiamos en que haya un cambio y en vez de ello veamos en la calle a servidores públicos corruptos forrados de dinero, gracias al perdón.
La corrupción se castiga