Lo menos que se puede decir es que la mayoría de los diputados sucumbieron ante los cabilderos de la industria tabacalera, refresquera y de comida chatarra y algunos de sus defensores incrustados en Palacio Nacional y que han tenido intereses en las compañías tabacaleras.
Para aumentar la llaga están las fotos de la celebración de su victoria en la misma Cámara de Diputados, en donde, según los medios de comunicación estuvieron presentes incluso servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin el menor recato.
El asunto es de una gravedad extrema, pero no ha trascendido más debido a los lamentables sucesos de Culiacán. Sin embargo, significará un retroceso para el desarrollo de los ambiciosos programas del actual gobierno, a menos que la Cámara de Senadores logre modificar la Ley de Ingresos.
Hace días el diputado Alfonso Ramírez Cuellar señaló con todas sus letras la necesidad de conseguir cuando menos 80 mil millones de pesos adicionales para apoyar varios de los programas presupuestarios.
La propuesta consistía en conseguir 30 mil millones de pesos con el incremento de los impuestos a refrescos y cigarros; cuatro mil millones de las plataformas digitales y, por último, establecer un impuesto sobre la renta a las ventas por catálogo. Todo esto fue desechado y lo único que se consiguió fueron seis mil millones, cifra insuficiente para cubrir las necesidades más importantes de la nación.
Sólo pensemos en tres de los sectores más importantes: la salud, la educación y el campo, los cuales se han visto tremendamente afectados con las reducciones habidas para su desarrollo.
Para que funcione el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye a varios programas, se requieren recursos crecientes y no está claro de dónde se van a obtener. La situación en el campo ya es crítica, pues para el presupuesto de 2020 se programó una reducción cercana a 30 mil millones, y para la educación superior no se otorgaron recursos para las universidades en crisis, ni para cumplir con los ofrecimientos del actual gobierno en cuanto a la obligatoriedad que señala la Constitución y la General de Educación.
En términos estrictos se sigue haciendo política económica de la manera más tradicional, es decir, aplicando la teoría del neoliberalismo que tanto critican, pero en la realidad se ajustan a ellas y lo peor es que, haciendo un paralelismo con los cárteles, los industriales y sus cabilderos decidieron la Ley de Ingresos, no el gobierno ni los diputados.
Millones de personas, desde niños hasta adultos, sufren de obesidad ocasionada en gran medida por los refrescos y la comida chatarra; millones de mexicanos padecen consecuencias por el tabaquismo y las instituciones de salud tiene que destinar recursos adicionales para atender esos males.
Poco les importó a muchos diputados esta situación con el argumento de que el Presidente de la República ha manifestado que no aumentarán los impuestos, pero la pregunta es ¿de dónde van a obtener entonces los recursos para atender estos y otros problemas que tiene la sociedad mexicana?
¿Es tan grave aumentar los impuestos a las industrias que ganan cantidades exorbitantes de dinero afectando la salud de la población? Nos dicen ser responsables socialmente, pero en realidad son responsables sólo ante las utilidades.
Sería muy recomendable que se hicieran públicos los argumentos de los cabilderos, varios de ellos ligados al actual gobierno, para entender cómo es posible que por encima de la salud, la educación y el campo logren sus objetivos, mismos que supuestamente van en contra de la IV transformación.
Esperemos que los senadores no caigan en el garlito de los cabilderos y puedan ajustar la citada Ley de Ingresos para obtener los recursos que necesita este país con el fin de tener una sociedad menos desigual, con mejor salud y educación.