Con el inicio del nuevo gobierno se abren esperanzas de solucionar algunos de los graves problemas que aquejan a los mexicanos, tales como la pobreza y el hambre. La actual administración pública empezó su sexenio muy decidida con la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, según la cual se iba reducir sensiblemente ese flagelo. Mucha propaganda, muchos actos, incluso se trajo al expresidente Lula a una reunión y se aportaron cifras sobre supuestas mejoras; sin embargo, en cuanto cambió la titular de la secretaría encargada, el nuevo responsable, el señor Meade, se olvidó de la Cruzada y, sin la menor explicación, ésta se borró del mapa de acciones del gobierno. En resumen, un programa espectacular más que se va al fracaso. Por eso es que debe ponerse mucho cuidado en este tema que afecta a más de nueve millones de mexicanos que diariamente pasan hambre. El anuncio de la creación de una nueva empresa que sustituirá a Diconsa y Liconsa, y que se supone será la base para las acciones encaminadas a mejorar la vida de los mexicanos más pobres, puede ser un buen inicio, pero ha de estar sustentado con acciones concretas en un gran proyecto que tenga como prioridad resolver la situación de manera permanente. Una de las primeras cosas que el gobierno entrante tendría que señalar es si va por la soberanía alimentaria o por la seguridad alimentaria, visiones diferentes. Mientras que la primera está vinculada con el proceso complejo de la producción, la comercialización y el consumo, la segunda se refiere a que toda persona debe tener acceso a una alimentación sana. Un país podría alimentar a toda su población importando todos los alimentos necesarios y esto garantizaría la seguridad alimentaria, pero vería comprometida su soberanía. Así de grave es la diferencia entre una y otra visión. Uno de los grandes y graves problemas que existen con la producción y distribución de los alimentos es que se han convertido en un tema de especulación financiera extraordinaria, ante la cual los gobiernos poco han podido hacer. Según algunos expertos, más de dos mil millones de personas destinan 50% de su ingreso para adquirir alimentos y en las regiones más pobres la cifra aumenta al 60 u 80 por ciento. Frente a este panorama tan delicado, el Parlamento Europeo ha señalado que la especulación con los alimentos es la responsable de casi 50% del aumento de precio de ellos. Nos encontramos con que la mayoría de los expertos y los organismos internacionales coinciden en que los cambios en los precios de los alimentos no reflejan movimientos de oferta y demanda, sino que son producto de la especulación financiera. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, el gran especulador son las llamadas bolsas de comercio, aunque la que se destaca es la Bolsa de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) que desde su apertura en 1848 se ha convertido en la principal institución dedicada casi exclusivamente a la especulación de los productos primarios, en donde nunca se compran y venden dichos productos, sino los contratos a futuro en donde productores originales y compradores finales quedan al margen. Ante este panorama al que nos enfrentamos, ya sea por el acaparamiento directo de algunos vivales que hasta ahora han contado con el apoyo gubernamental para almacenar en espera de que el producto suba, sea por la especulación de los mercados de futuros y por la ingeniería financiera actual, los gobiernos deben procurar alcanzar la soberanía alimentaria que, como bien dice la organización Justicia Alimentaria, “es un derecho de los pueblos, comunidades y países para definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, de pesca y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas”.
Soberanía alimentaria
