Enrique Del Val

En este segundo semestre, el tema de las Afores ha cobrado relevancia y hay multitud de comentarios sobre el papel que éstas juegan, dada la magnitud de los recursos con que cuentan. Según la información más reciente, vía un comunicado de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al mes de septiembre de este año el sistema contaba con tres billones 420 mil millones de pesos, propiedad de más de 61.6 millones de ahorradores y se estima que hacia el fin de la próxima década administrará activos financieros del orden de 9.5 billones de pesos.

Lo sorprendente es que más de 60 millones de personas no tengamos idea de dónde se invierte nuestro dinero y sólo nos enteremos cuando los responsables de manejarlo hacen cosas, digamos, “inexplicables”. Así ocurrió, entre otros ejemplos, con el Pensionissste, en el que algunas de las decisiones tomadas provocaron incluso la renuncia del director sin que conozcamos las razones o, por lo menos, sepamos que la Contraloría Interna o la Secretaría de la Función Pública hayan intervenido en el caso que se produjo pérdidas para los trabajadores de una manera sospechosa.

El Pensionissste perdió 400 millones de pesos por haber decidido adquirir acciones de la constructora ICA, a pesar de que estaba casi a punto de la quiebra. La pregunta es ¿esta decisión la tomó el grupo encargado de invertir en el organismo o fue una amable sugerencia de los servidores públicos de la SHCP?

Tan ruinosa fue la inversión que ahora los abogados de la Afore están demandando a la constructora en un Juzgado en Materia Civil, seguramente para tratar de justificar la irresponsabilidad en el manejo de recursos que son de los trabajadores. Independientemente de que se logre recuperar algo del dinero, es necesario que se sancione a los responsables.

Y para demostrar lo absurdo de la decisión, negaron la información que solicitó el INAI, argumentando que la transparencia perjudicaría a la constructora. Es decir, todavía siguen protegiendo a la demandada en lugar de salvaguardar los intereses de los afiliados, quienes por lo visto, deben soportar el no tener información sobre qué se hace con su dinero.

Ahora se presenta para el Pensionissste la cancelación del aeropuerto de Texcoco, donde también se invirtieron recursos de los afiliados. Junto con tres Afores privadas, se invirtieron 
13 mil 500 millones de pesos mediante la llamada Fibra E. En los medios de comunicación se encuentran notas sobre la urgencia que a principios de este año tenía la SHCP para que las Afores participaran en el proyecto aeroportuario y, por supuesto, la Afore pública se plegó al mandato de ella.

No se han dejado de publicar notas por parte de los directivos de la Consar o la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Retiro (Amafore), señalando que los trabajadores deben de estar tranquilos, ya que sus recursos están respaldados con el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y que se cuenta con garantías suficientes para recuperar el capital más un rendimiento superior a la inflación. Esperemos que así sea cuando se resuelva la cancelación, lo cual seguramente tardará tiempo.

El mes pasado, durante la clausura de la 3ª Convención de las Afores, el señor Alfonso Romo dijo: “Esta reunión es para darles la certidumbre que no va a haber mandatos de inversión, ni directrices a las Afores”. En mi opinión, el gobierno sí debería intervenir en la Afores, aunque sea de manera acotada, para lograr que se reduzcan las exageradas comisiones que la mayoría de ellas cobran y también lograr que haya una mayor transparencia e información a los trabajadores sobre dónde invierten el dinero. Por lo menos se debería obligar al Pensionissste, entidad pública, a poner el ejemplo en cuanto a la urgente necesidad de informar a los afiliados.

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