Enrique Del Val

Uno de los grandes temas que han sido bandera de la actual administración es el combate a la corrupción y la transparencia en los asuntos públicos, con lo cual estamos de acuerdo la gran mayoría de los mexicanos. Por ello, sorprenden las acciones que se están llevando a cabo principalmente en la Secretaría de Energía y que parecen ir en contra de ello.

Dejando de lado la emergencia de la adquisición de las pipas para el transporte de gasolina en una operación que se podría calificar de oscura y sobre la cual hasta la fecha nadie ha tenido la preocupación de darnos a conocer la forma en que se asignaron, a quién se asignaron y cuánto costaron, ahora, con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, la situación se torna peor.

En primer lugar, particularmente me gustaría saber si la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público continúa vigente, porque de ser éste el caso, el procedimiento que está llevando este gobierno es violatorio y ya lo debería de estar observando por lo menos el contralor interno del área que vaya a asignar la licitación ya que, de otra manera, sin duda lo hará la Auditoría Superior de la Federación.

Hasta ahora no hay una explicación lógica de los motivos por los que se escogieron las cuatro empresas extranjeras, más allá de una supuesta investigación que no sabemos quién hizo y tampoco conocemos, como señala la ley, la convocatoria para la licitación restringida.

Quizá se trata de la mayor adquisición que haga este gobierno en su sexenio y en vez de imprimirle toda la transparencia posible, lo reduce a cuatro competidores que, por otro lado, han sido cuestionados por haber entrado en esquemas de corrupción. Y tenemos la barbaridad que dicen que dijo la secretaria de que “si alguien tiene una lista de dos o tres empresas que estén limpias” que se la pasen. Es por lo que, para evitar posibles actos de corrupción, habría que abrir la baraja y hacer pública, y no restringida, la convocatoria.

Existe un blog en inglés que todos los días, absolutamente todos, de lunes a viernes, publica actos de corrupción de las empresas que cotizan en alguna de las bolsas de valores de Estados Unidos, ya que una norma “imperial” denominada Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero permite a las autoridades estadounidenses sancionar penal o monetariamente cualquier caso de corrupción que investigan o les denuncian que haya ocurrido fuera de Estados Unidos. 

Si quienes escogieron a las cuatro empresas se hubieran asomado a dicho blog, se habrían enterado de que un director de la empresa Bechtel aceptó y pagó 5.2 millones de dólares por haber manipulado un concurso en Egipto.

También podrían haber leído que la empresa francesa Technip aceptó pagar una multa de 240 millones de dólares por actos de corrupción en Nigeria; o que la empresa KBR pagó 402 millones de dólares por actos de corrupción. Por cierto, en este mismo hecho al parecer era socia de una de las empresas más corruptas del mundo según los medios, Halliburton.

En honor a la transparencia de la que tanto hablan los funcionarios de este gobierno nos gustaría saber por qué no invitaron a alguna empresa japonesa, coreana o china o por qué no se dio la oportunidad de que empresas mexicanas se asociaran con alguna extranjera para participar.

Lo único que puede salvar la sospecha de corrupción o manejos indebidos, más allá de la calificación personal que se tienen los miembros de este gobierno, es el cumplimiento irrestricto a la ley y en el caso de Dos Bocas se está haciendo todo lo contrario, poniendo en riesgo incluso la adjudicación que hagan por no seguir los pasos precisos del ordenamiento jurídico.

Nadie puede estar en contra de una nueva forma de hacer las cosas, pero no pasando por encima de la ley vigente.  

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