Ahora que hay un nuevo gobierno y otros servidores públicos es el momento de que se haga una revisión profunda que conlleve consecuencias sobre el actuar de los funcionarios que hasta el pasado 30 de noviembre dirigieron el Sistema de Ahorro de los Trabajadores al Servicio del Estado, el denominado Pensionissste y su Afore, debido a las dudas que han surgido y, sobre todo, a la nula información a los cuentahabientes sobre las operaciones que realizaron durante la administración pasada.
Nos hemos enterado, gracias a los medios de comunicación, de dos inversiones que actualmente están siendo seriamente cuestionadas y que, si bien una podría no ser responsabilidad completa de ellos, sí han demostrado poca cautela o, lo que es peor, estar al servicio de los dictados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ha utilizado a la institución como caja chica.
El primer descalabro, del cual todavía no hay desenlace debido a que existen demandas de por medio, se refiere a la aportación que hizo el Pensionissste a la empresa constructora ICA, cuando ésta estuvo a un paso de la quiebra; inversión que ningún analista ha calificado como racional y que genera serias dudas sobre la autonomía de dicha institución al tomar la decisión de invertir. Esperamos que las nuevas autoridades revisen el caso y, como hemos mencionado, procedan en consecuencia porque, sin necesidad de ello, representó una pérdida de recursos económicos no cuantificada hasta ahora para los trabajadores.
El segundo caso se refiere a la inversión que se hizo a través de la ahora ya famosa Fibra E en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, conocido como NAIM, y en la cual participaron, además del Pensionissste, otras tres administradoras de fondos. Una pregunta que surge es por qué, si era tan buen negocio, sólo participaron cuatro Afores y lo que todavía es más cuestionado es que dos de las participantes tenían, además, contratos de construcción del citado aeropuerto a través de sus empresas hermanas, es decir, era muy conveniente para ellas.
Con la decisión tomada por el Presidente de la República y que está siendo aplicada por sus colaboradores, todo apunta a otra pérdida en el ahorro de los trabajadores al servicio de Estado sin que hasta ahora haya la menor explicación en primer lugar, de por qué se invirtió en el proyecto, quién lo decidió y cuándo se le informó a los trabajadores.
Por otro lado, la actuación de los nuevos servidores públicos se parece hasta ahora a los del régimen anterior, donde lo fundamental era atender a los inversionistas extranjeros a través del fideicomiso denominado Mexcat. Así, hemos visto la propuesta de recompra de los bonos, misma que hasta la fecha, según los medios de información, ha tenido poca aceptación. Habrá que esperar al 2 de enero de 2019, fecha en que vence la oferta para ver qué es lo que se consigue.
Los analistas financieros indican que la propuesta era la única salida de este gobierno ante la cancelación del proyecto sin sufrir una interminable cantidad de demandas y la disminución de las calificaciones a la deuda mexicana.
Todo eso está muy bien, al fin y al cabo son fondos y bancos que se dedican al negocio de la especulación, pero la gran pregunta que hay que hacer es qué va a pasar con los fondos de los trabajadores metidos en el proyecto, ya que hasta la fecha no ha habido la menor mención a ello y sería muy lamentable que los que perdieran al final fueran los trabajadores, que no tuvieron nada que ver con la decisión de inversión.
Si se trata de resolver el problema, primero hay que garantizar a los trabajadores mexicanos y luego a los especuladores nacionales y extranjeros, para estar acorde con la política de la cuarta transformación, según se ha manifestado hasta ahora.