El presidente Enrique Peña Nieto escuchó atentamente. De inmediato hizo retroceder ligeramente la silla para reacomodarse, rearmar la compostura, acicalarse sutilmente ante el comentario tal como pudieron registrar quienes observaron el comportamiento simultáneo del primer mandatario y de quien intervenía.
Todos los gobernadores y el gabinete de seguridad, a sus lados y enfrente, escuchaban la intervención en la reunión del viernes pasado.
“El viejo presidencialismo del presidente mandamás no existe más en este país”. La expresión y el ánimo asertivo de Graco Ramírez, sintetizados en esa afirmación, eran posteriores a la crítica de Maria Elena Morera y de Alejandro Martí.
Se registró después de que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, insistiera en la tesis de las fuerzas armadas como héroes modernos en asistencia de la población para mejorar la seguridad pública.
Graco planteó que el mando único de la policía en todo el país, el término del desgate de las fuerzas armadas dirigidas a tareas policiales, la necesidad de claridad y determinación gubernamental así como la corresponsabilidad directa de los gobernadores, todo ello, debería acompañar el nuevo tamaño de la Presidencia de la República.
Esa nueva magnitud está evidenciada por la realidad de un país de contrastes en capacidades de atención frente a la violencia, una nación de instituciones, de contrapesos, de movilizaciones, de la visibilidad de los límites de un poder alguna vez aceptado como absoluto, que ha desaparecido en los hechos y en la percepción nacional.
Peña Nieto aludió expresamente en tres ocasiones a Graco, el único gobernante de izquierda asumida y vivida en la historia reciente del país que busca conectar la transición de cinco décadas con la gobernabilidad imposible en una época de dificultades...si se rechazan los consensos.
En esta coyuntura la percepción acerca de la presidencia ha decaído tanto como ha crecido la expectativa de un planteamiento de orden y autoridad creíble, defendible.
El presidente dejo a un lado el discurso preparado y encontró, en el planteamiento de las voces representativas de una inteligencia acomodada, apoyada en datos y en la oportunidad de una interlocución privilegiada, así como en un gobernante de izquierda, una plataforma de credibilidad indispensable.
Peña aceptó que, como lo reportaron prácticamente todos los medios al día siguiente, la responsabilidad frente a la inseguridad no puede dejarse ya en manos de las fuerzas federales. Es decir, los gobernadores deberían revisar la letra de la Constitución y de la norma de los estados. Ahí se establece. Desde la vida cotidiana de los gobiernos estatales se ha evadido. Ahora, sostiene Peña, todos deben asumir responsabilidades.
Todos tienen que entrarle.
La enorme tarea de convertir ese acomodamiento de la silla presidencial, sacudida por Ayotzinapa, en una plataforma para la reconstitución de la credibilidad del discurso por la seguridad, es muchos más compleja.
El camino inició con una sacudida. Sigue el reordenamiento.