¿Se deben regular los derechos digitales?

19 de Abril de 2024

Antonio Cuéllar

¿Se deben regular los derechos digitales?

Internet Recht

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¿Sabías papá que las imágenes que captan nuestros ojos son en blanco y negro, y que los colores de las cosas realmente se los asigna nuestro cerebro? Y, ¿Sabías también que la imagen que reciben nuestros ojos está invertida, y que el orden en que vemos las cosas se lo da el cerebro? Estas preguntas me las hizo esta mañana mi hijo más pequeño, quien cursa el cuarto año de primaria. Interesado le pregunté en qué clase le estaban enseñando eso, a lo que me respondió que en ninguna, que él lo había investigado en Internet. ¿No acaso es ese el uso más importante que los niños le deben dar a la red? Es la seguridad de su independencia y desarrollo personal y, con él, de todos los niños del mundo.

En una revista que se distribuye en la recepción del dentista leo con atención un artículo en el que se plantean los grandes retos que arroja la evolución de la inteligencia artificial. Con la llegada del Internet, la distribución de la información y la explosión tecnológica aparejada provocan un avance fantástico y casi inverosímil de la capacidad de las computadoras de nuestra época por cuanto al procesamiento y análisis de datos, que las lleva ya, en un futuro inmediato, a las fronteras del razonamiento más avanzado, equiparable al de los humanos.

Entre otros datos interesantes, me entero del grave riesgo en el que se encuentra el empleo que desempeñan millones de conductores de los países desarrollados del planeta, frente a la invención de los primeros tractocamiones automatizados, algunos de los cuales ya circulan en autopistas de Europa, de Japón y de EEUU, y en los que la destreza del piloto sólo se necesita para navegar fuera de las autopistas o para realizar trabajos de acomodo extraordinarios; y me entero simultáneamente, sin embargo, del riesgo paralelo en el que se encontraría la fuente de supervivencia de un 47% de los trabajadores de Norteamérica que se verían desplazados en un período de entre 10 y 20 años, por el uso de aparatos diseñados para expandir una súper inteligencia artificial que lo sustituirá en su trabajo.

En otro renglón de la misma publicación, también me intereso por los retos que en materia de educación y trato personal se plantean los japoneses, a partir de la sustitución de los conserjes y recepcionistas en los hoteles, por robots con apariencia humana. ¿Sabremos distinguir cuando a una persona o a un robot habrá de agradecérsele un servicio? ¿Qué efectos tendrá esto en el comportamiento humano y en nuestra interacción social?

Las interrogantes más severas que leo en la revista se las hace Jody Williams, luchadora incansable contra las minas personales y ganadora del premio Nobel de la paz en 1997, quien cuestiona la moralidad del uso de los drones para fines militares. Un bombardero automatizado no podría jamás discernir sobre el lanzamiento de un misil en contra de un asentamiento civil, o contra ciudadanos indefensos; si nadie toma responsabilidad de esos hechos y nadie carga con el peso de decidir cuándo lanzar una bomba, ¿no se hace más fácil acaso empezar una guerra?

Esta semana he leído con atención distintos mensajes y artículos que circulan o se han publicado, a través de los cuales se fustiga y se pretende obstaculizar y paralizar de manera fulminante y total, cualquier discusión en torno del control o limitaciones al uso del Internet y las redes sociales. Se dice que son, como de hecho lo es, un elemento imprescindible de la democracia y el desarrollo de la humanidad. Las fuerzas liberales más radicales del país, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y la vasta comunidad de usuarios del Internet critican fieramente la iniciativa que presentó el senador Omar Fayed para prevenir y sancionar delitos cibernéticos, quien ha prometido ya someterla a consulta pública.

Desconozco los detalles de la iniciativa y, desde luego, me asumiría como un crítico de cualquier norma jurídica que pudiera tener la pretensión de limitar el uso legítimo de la información para el desarrollo de las personas. Sin embargo, creo que estamos en un momento crítico en el que la discusión primaria del tema se halla en un estadio preliminar al que ya se plantea. ¿Es necesario y debemos discutir, de una vez, sobre la necesidad de regular el uso de la información y el desarrollo de la tecnología, o son tan amplios acaso los Derechos Digitales que no admiten regulación alguna? La segunda es, a la postre, la pretensión de las organizaciones civiles.

Considero absolutamente acertado el planteamiento de la necesidad de distinguir entre el uso razonable y conveniente de la información, como el de permitir la necesaria intervención oficial para sancionar el uso ilícito de tal derecho o, inclusive, un uso que vaya en contra del interés público.

Creo, eso sí, que no habrá persona que se oponga al uso de la red para fines terroristas, de donde derivará, entonces, el cuestionamiento relativo a quién debe juzgar el uso adecuado de la red y a quién le corresponderá la aplicación de las sanciones procedentes, tesis que nos devuelve al perenne estado de desconfianza que permea entre la ciudadanía y nuestro gobierno.

Grandes esfuerzos se han impulsado con la finalidad de combatir a los monopolios y las prácticas monopólicas que tanto daño han hecho al país. Quién asegura que el conocimiento y su aprovechamiento no puede ser acaparado con fines negativos. Es perfectamente oportuno despertar el interés y buscar la deliberación de este tema, y de ser posible, empezar a trazar las líneas para la regulación del uso indebido de la información y el conocimiento tecnológico, o más bien, para impedir y sancionar su uso indebido (¿no es ese el tratamiento que ya se concede a la pornografía infantil en línea?). ¿Acaso tendrán que verse desamparados, en el desempleo y en la inanición la mayoría de los trabajadores del país para empezarlo a proponer? ¿Acaso tendremos que sufrir las consecuencias de un atentado terrorista para iniciar el debate en torno del uso de la red? ¿Acaso no la desviación del uso de la información puede tener un impacto negativo en el interés público? Deliberemos qué sí y qué no se puede regular con relación al uso de la red, o a quién corresponderá hacer efectivas las sanciones o medidas de disuasión que se propongan, pero no permitamos que un discurso obcecado o intolerante se constituya como la pared que impide la misma deliberación democrática que propone proteger.