El atlas de menores de 17 años de edad desaparecidos suma cuatro mil 716 casos en el país, la mitad de los casos ocurrieron en el Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Bet-Biraí Nieto Morales bnieto@ejecentral.com.mx
Se acumulan tantos casos, que impedir que sus rostros se olviden pareciera algo imposible, porque apenas colocan sus fotografías en el muro de personas desaparecidas, y otras nuevas imágenes se enciman. En el gobierno de Felipe Calderón desparecían en el país cada mes, en promedio, 22 menores. Ahora suman casi 59 niñas y niños que se extravían mensualmente. Así, sin explicación, de una administración a otra, los casos aumentaron 160 por ciento.
Desde hace 10 años, los estados más peligrosos para niños y niñas son el de México, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. Es allí donde han desaparecido la mitad de esos menores, un total de dos mil 162. Se trata de cifras oficiales, del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) revisó para entender el fenómeno. Y se acercaron a una primera conclusión: nunca como ahora la desaparición de menores había crecido tanto y podría convertirse en un crimen de lesa humanidad.
“No hay momento histórico anterior en México en el que la desaparición en México se hubiera convertido en un crimen de lesa humanidad masivo (…) La desaparición en México fue una práctica de la guerra sucia, vinculada a la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, pero con la llegada de Felipe Calderón se empezó a incrementar la desaparición de particulares”, explica Martín Pérez García, presidente de la Redim.
Entre 2006 y 2012, durante el gobierno de Calderón desaparecieron mil 603 menores de cero a 17 años de edad. La mitad de los casos ocurrieron en entidades donde el crimen organizado tuvo mayor presencia: Tamaulipas, 278 denuncias; Nuevo León con 238; la Ciudad de México con 171; Chihuahua, 161; y el estado de México con 137, según el seguimiento estadístico de la Redim.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el atlas de las desapariciones creció hasta alcanzar tres mil 113 reportes en el territorio nacional. Ya no fue Tamaulipas el primer lugar, sino el estado de México, en donde crecieron los casos en 800%, con un total de 836 menores desaparecidos. Le siguieron Tamaulipas con 241; Nuevo León con 137; Puebla, que también tuvo un aumento con 298 reportes; Chihuahua, descendió con 134 casos.
“Cada año, desde que Calderón lanzó su estrategia de confrontación de fuego con grupos criminales, y no a través de inteligencia y atacando las raíces económicas, se incrementó la presencia de armas y los crímenes asociados a esta situación ha crecido (…) La desaparición adquirió un carácter masivo y se mantuvo de manera alarmante y en ascenso durante la administración de Peña Nieto”, advirtió el activista.
La explotación
Al menos seis de cada 10 niños varones de cero a cuatro años, sin rasgos indígenas, son vinculados a las adopciones ilegales, principalmente en Guanajuato, Jalisco y las ciudades fronterizas ubicadas en Baja California, Coahuila y Sonora, donde fue identificada una red de tráfico de niños recién nacidos que operaba con auspicio de mandos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Otro de los fenómenos refiere al reclutamiento por parte del crimen organizado, que ocurre principalmente con niños varones y en menor cantidad las mujeres que están a punto de entrar a la etapa adolescente, que también son utilizadas como informantes tipo “halcones”.
En el margen de la explotación sexual, las niñas de 13 años en adelante son usadas como espías entre bandas criminales y “son asesinadas cuando son descubiertas”, aseguró Pérez García.
Aunque de 2011 a 2014, los reportes de niñas desaparecidas subió 900%, a partir de marzo de 2016 volvieron a incrementarse los reportes mensuales.
Ineficacia
Aunque muchas desapariciones ocurren en escenarios cotidianos como centros comerciales, mercados y centrales de autobuses, cuando la familia entra en contacto con las autoridades no obtiene una respuesta inmediata. La falta de un directorio nacional confiable de niños extraviados y desaparecidos, se conjunta con la ausencia de una ley que impulse la investigación de los casos, una iniciativa que todavía no avanza en la Cámara de Diputados, y el miedo de los familiares, provoca que las investigaciones de estos casos sean lentas y poco efectivas. “En muchas ocasiones, las familias presienten que están en riesgo al denunciar y cuando termina la administración o cambia el procurador, comienzan a investigar y emiten su denuncia (...) en varios de los casos las policías y las autoridades están involucradas, junto con las procuradurías”, detalló el activista.