En el arranque de su administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió el mayor número de declaratorias de inexistencia de información pública de los últimos tres sexenios.
Este tipo de respuestas del Ejecutivo federal a solicitudes de información se disparó 384%, al pasar de tres mil 850 en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a 14 mil 801 en los primeros 11 meses de la administración López Obrador.
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, el número de declaratorias de inexistencia —un concepto previsto en la ley de Acceso a la Información Pública que permite al sujeto obligado no entregar la información solicitada cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa— alcanzó cinco mil 659 casos, según un informe de la Dirección Nacional de Evaluación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En todos los casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el sujeto obligado con mayor número de declaratorias de inexistencia.
En el caso de la administración de López Obrador, le siguen la Comisión Nacional del Agua y la Oficina de la Presidencia de la República, con mil 70 y 384 solicitudes, respectivamente.
Exhorto. Joel Salas Suárez, comisionado del Inai, llamó al gobierno federal a darle fluidez a la información pública.
“Creo que esta administración, a partir del estilo personal de comunicar que ha implementado el Presidente, ha hecho que se detone un mayor número de solicitudes de acceso a la información, pero también de recursos de información”, informó en un video el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez. “Es fundamental que este gobierno contenga las inexistencias y que la información fluya con la finalidad de que la población en su conjunto pueda contrastar con información pública los dichos con los hechos”, destacó.
Con el aumento de declaratorias de inexistencia también se incrementó el número de recursos de revisión presentados por los ciudadanos ante el Inai.
Un ejemplo fue cuando un particular requirió a la Oficina de Presidencia que proporcionara el sustento documental de declaraciones emitidas por el presidente López Obrador sobre una supuesta intervención del Ejecutivo para modificar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la devolución del Impuesto Sobre la Renta a unos exaccionistas de la empresa cervecera Modelo.
Presidencia turnó el requerimiento a la Coordinación de Asesores, a Vocería del Gobierno y a la Secretaría Particular, quienes solicitaron declarar la inexistencia por considerar que, en otras resoluciones, el Inai determinó que no existe disposición jurídica que imponga a un sujeto obligado contar con soporte documental sobre discursos y mensajes del titular del Ejecutivo.
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