En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) privilegió las zonas de alto poder adquisitivo para la instalación de estancias infantiles para madres trabajadoras, con lo que la dependencia —en ese entonces a cargo de Luis Enrique Miranda— desdeñó las reglas de operación del programa que ordenan priorizar las localidades con mayores desventajas por su situación geográfica, económica y social.
De acuerdo con el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, entregado el viernes pasado a la Cámara de Diputados por el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, de las 319 estancias infantiles afiliadas ese año por Sedesol, 178 (55.8%) se ubican en localidades con grado de marginación muy bajo, 68 (21.3%) en zonas con marginación media y 58 (18.2%) en colonias con marginación baja. Sólo 15 estancias (4.7%) se habilitaron en localidades de alta y muy alta marginación.
Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que establezca mecanismos de control para priorizar la afiliación de estancias al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en los municipios con menor índice de desarrollo humano, a fin de que las que se incorporen al programa sean las que se ubiquen en localidades donde las condiciones para la salud, educación e ingreso de la población presenten mayores desventajas”, conmina la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría 2017-0-20100-07-0265-2018.
En 2017, la Sedesol ejerció 3 mil 771 millones 450 mil pesos en el programa de estancias infantiles. Actualmente, el programa cuenta con 9 mil 399 estancias afiliadas en las 32 entidades del país. Los estados con mayor cantidad de locales habilitados para cuidar a los hijos pequeños de las madres trabajadoras son México (mil 1992), Veracruz (585), Ciudad de México (508), Puebla (492), Jalisco (485), Guanajuato (467), Chiapas (370), Sinaloa (350), Michoacán (348) y Morelos (305).
El reporte de la ASF agrega que de las 319 estancias infantiles afiliadas al programa en 2017, 49.5% (158) se ubicó en localidades con índice de desarrollo humano medio alto; 48.0% (153) en zonas con índice de desarrollo alto, y 2.5% (8) en zonas con desarrollo medio-bajo “por lo que los mecanismos de control de que dispuso la Sedesol no permitieron priorizar las localidades con mayores necesidades”.
Al presentar su informe ante los diputados federales, David Colmenares dijo que la ASF identificó que la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, toda vez que no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio; no se garantizó la integridad física de los menores en todos los establecimientos; no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en todos los centros de atención infantil cumplieron con la calidad requerida; no es posible asegurar que todo el personal responsable de la atención y cuidado de los niños esté capacitado, y no se logró verificar si los infantes adquirieron los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo integral.
“En lo que respecta a la capacitación de los responsables de las estancias afiliadas, la Sedesol no acreditó que, en 2017, dispuso de un programa anual o de una estrategia para impartir la capacitación básica, inicial y complementaria. La secretaría reportó que ese año capacitó a 22 mil 636 responsables de las estancias infantiles; sin embargo, no dispuso de información referente a cuántas estancias correspondieron los responsables, ni en qué temas los instruyó”, refiere el informe.
De acuerdo con la ASF, la Sedesol “tampoco sustentó el número de responsables de las estancias que fueron certificados en el estándar de competencia, vinculado con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para cuidar y realizar actividades para el desarrollo de los niños, en centros especializados en la atención infantil”. Por lo que toca al otorgamiento de subsidios, la Sedesol los entregó a 9 mil 399 estancias en 2017; sin embargo, “no acreditó que los responsables de las estancias cumplieron los siete criterios y los 12 requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, lo que no garantiza que el personal que labora en las estancias cuente con las capacidades requeridas para otorgar los servicios, ni que los inmuebles sean los adecuados para la atención, cuidado y seguridad de los niños y niñas”. RB ES DE INTERÉS
Colmenares debuta con informe de 4 mil 205 mdp sin aclarar