GABRIELA RIVERA | @gAbS_07
En 2014, los secretarios generales de las secciones de la CNTE pactaron con la Secretaría de Gobernación la conciliación de todas las plazas de docentes a la nómina estatal, para después sumarla a los registros de la SEP, quien pagaría las quincenas a partir de este año.
La minuta del 27 de mayo de ese año no especifica el número de plazas que deberían regularizarse ni la demanda especifica de la disidencia magisterial. Sólo indica que siete días antes, la Comisión Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregó la “Agenda inicial de trabajo”, que contiene diversos planteamientos, aunque este documento no se ha hecho público hasta ahora.
La respuesta de la Segob fue integrar a todos los maestros a la nómina del personal educativo, sin importar si su plaza era federal o estatal.
En reuniones posteriores, la Segob regularizó las plazas de docentes temporales, asesores técnicos pedagógico y personal fuera de grupo a través de las ISSSTE, argumentando que se darían prestaciones sociales a los trabajadores de la educación que estuvieran de forma anómala.
“Es determinación del gobierno federal que, para integrar la nómina del personal educativo del estado, se incluyan irrestrictamente a todos y cada uno de los trabajadores de la educación, cuyas plazas transfirió la federación a los estados, así como las plazas federalizadas correspondientes a años posteriores, incluyendo todos los conceptos y montos de las remuneraciones otorgados a nivel nacional, así como los que se han otorgado a nivel estatal”, señala el documento signado el 27 de mayo de ese año por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
El texto indica también que el gobierno federal recopilaría información sobre sus funciones, número de docentes y centros de trabajo, para elaborar un análisis que permitiría garantizara la equidad de todos los maestros.
Este acuerdo se firmó siete meses antes de que entrara en vigor el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el cual está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y con el que se paga el sueldo de un millón de trabajadores de la educación.
La Segob signó los documentos a pesar de que la mayoría de los docentes de los estados bastiones de la Coordinadora se negaron a participar en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), con el cual se conformaría el Fone.
Allí también se establece que ningún trabajador podrá sufrir detrimentos en su salario o remuneraciones, por los resultados de las evaluaciones o cualquier otra medida considerada en la reforma educativa.
De igual manera, en el documento quedó asentado que “todo el personal que al 11 de septiembre del 2013 que ostentara clave docente con función no docente, deberá ser regularizado sin menoscabo de sus prestaciones vigentes en la función que se encontraba desempeñando”.
Esta minuta fue la primera de las tres que han firmado con Oaxaca y Guerrero para conciliar las plazas de los maestros que no estaban en las nóminas estatales y que la Coordinadora ahora exige que se integren al Fone, para garantizar el pago de los trabajadores. [su_slider source="media: 547943,547945,547946,547947" limit="4" link="image” target="blank” width="660" height="800"] [/su_slider]
REVISAN DEMANDAS ESTATALES A la par de los pactos a nivel federal, los dirigentes de la CNTE de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz negociaron una serie de demandas particulares de cada entidad. De acuerdo con dos de las 17 minutas que entregó Miranda Nava al Senado el martes pasado, los secretarios generales de las secciones 22 y 18 de Oaxaca y Michoacán, respectivamente, se sentaron a la mesa de diálogo con representantes de los gobiernos estatales, así como de la secretaría de Hacienda. En el caso de Michoacán, los maestros lograron que el gobierno estatal regularizara al personal de cada plantel;, se entregaran recursos para el mejoramiento de la infraestructura, para útiles escolares, uniformes, transporte, desayunos; y que promoviera proyectos sociales productivos, así como mejorar los servicios de salud. “El gobierno del estado se compromete a colaborar y aportar permanentemente los recursos para la mejora de las condiciones de vida de todos los trabajadores de la educación básica y del nivel medio superior y superior, y de los pensionados y jubilados, en función del presupuesto”, dice la minuta firmada el 9 de julio de 2014. En tanto, los docentes de Oaxaca lograron que el ISSSTE regularizara a los trabajadores de la entidad para otorgarles sus prestaciones, mejorar la atención médica y la portabilidad, contar con los medicamentos y dar atención a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, ninguna de las dos minutas establece los montos que se tuvieron que erogar para atender estas exigencias. Así mismo, no existen minutas de los acuerdos que firmaron los dirigentes de Guerrero, Chiapas y Veracruz, quienes acudieron a las reuniones con los gobiernos de sus estados para exponer sus demandas, según refirieron los miembros de la Dirección Política Nacional y de la Comisión Única Negociadora, quienes se encargaron de tramitar los encuentros en el Palacio de Cobián.