1 . Desde hace tiempo en el Congreso la seguridad pública se mantiene como la gran asignatura pendiente. No ha habido forma de que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en esta materia hayan encontrado su cauce, no obstante las concesiones realizadas para alcanzar acuerdos. Así, del “mando único” se pasó al “mando coordinado” en el que prevalecerían las policías locales sobre todo en donde hubiera gobiernos no priístas; la de disolución de Ayuntamientos infiltrados por la delincuencia o la redistribución de competencias entre los Estados y la Federación para combatir delitos, todas están en la congeladora.
Renglón aparte es la reforma que buscaría dotar al Ejército de un marco legal de actuación, cuando ya las Fuerzas Armadas han externado malestar por el acoso que enfrentan derivado de las acusaciones de violación de derechos humanos que son recurrentes en su actuar –“no entrenamos para ser policías”, dice el general Secretario Cienfuegos--. Para normarlo, se están planteando sesiones extraordinarias que permitan desahogar el asunto.
2. Otros proyectos que están estancados son la Ley de Pensión universal así como la del Seguro de Desempleo. Además, en la lista de espera siguen la Ley de Cultura, la reforma a la Ley General de Víctimas, más facultades solicitadas para la CNDH, la autonomía de los organismos estatales de Derechos Humanos y la legislación contra la tortura. En esta semana de cierre del trabajo legislativo, lo que está previsto es que se alcance un acuerdo para legislar en el uso de la marihuana medicinal, y, quizá, la Ley para prevenir la Trata de Personas. 3. Tampoco han alcanzado consenso la desaparición del fuero y los aspectos inherentes a una reforma político-electoral en ciernes, que pudiera incluir desde la creación de una instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación de la publicidad gubernamental, el redimensionamiento de la asignación de tiempos para evitar el spoteo y en cambio favorecer la comunicación política y los debates, así como las propuestas de prevención del fraude a la ley con las actividades anticipadas de campaña que notoriamente realizan los aspirantes. 4. Por fuera del circuito legislativo, en el ambiente político circula la posibilidad de una reforma más profunda, que integre el gobierno de coalición obligatorio y/o la segunda vuelta electoral; estas posibilidades de cambios profundos a la Constitución y las leyes electorales, tendrían que estar definidos a más tardar el último día de junio de 2017, para que pudieran tener efecto en las elecciones presidenciales de 2018. Por último, quedan pendientes ciertos nombramientos; al expedirse la Ley de la Fiscalía General de la Nación iniciaría la transición en el rubro de procuración de justicia y saltaría a la mesa quién será el primer Fiscal General de la Nación, así como la definición del Fiscal Anticorrupción, pospuesto para el siguiente periodo ordinario de sesiones. También quedará como gran pendiente el nombramiento del futuro titular del Banco de México, tras la tremenda salida de Agustín Carstens el primer día de julio próximo.
5. El déficit que se observa en la actuación del Estado para enfrentar la violencia criminal pareciera no estarle afectando a la Secretaría de Gobernación, responsable directa de todos los yerros que señalan los militares y la sociedad: aumento de la violencia, auge de los cárteles, incremento en la cifra de ejecutados como en tiempos del calderonato, sociedad en justicia por mano propia y alza en todo tipo de crímenes: robo a mano armada, robo de automóviles, también en casa-habitación y el maldito secuestro, entre los principales. Es tiempo ya de pensar en evaluar a fondo un modelo de seguridad que ha fallado.