Redacción ejecentral
El pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desapariciones cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona, que sanciona y tipifica este delito hasta con 90 años de cárcel, luego de cuatro años de debate y plazos no cumplidos.
Con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, los legisladores de la cámara alta aprobaron la minuta en medio de críticas y cuestionamientos.
“Esta no es la ley que merecían las víctimas de los delitos más deleznables. Se eluden aspectos medulares, no obliga a establecer la responsabilidad de toda la cadena de mando, ni es contundente con los mandos militares y policiacos, no sólo es quien jala el gatillo, sino el que da la orden”, acusó la senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores. Armando Ríos Piter condenó que el gobierno federal no haya aceptado eliminar de la ley el concepto de “persona no localizada”.
“Este país se ha convertido en una enorme fosa clandestina y quererle llamar ‘no localizados’ a los desaparecidos es rehusarse a mandar un mensaje a las víctimas”, señaló.
La nueva ley contemplan penas de 15 a 20 años de prisión a la persona que oculte, deseche incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.
Prevé también la creación de un Registro Nacional de Fosas, la creación de un Banco Nacional de ADN, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y una Comisión Nacional de Búsqueda, una de las principales demandas de los familiares de víctimas de ese delito.
Se establece que el delito de desaparición forzada no prescribirá; además que se considera la desaparición forzada cometida por elementos del Estado (policías, militares, servidores públicos) y por particulares, y se crea la figura legal de “persona no localizada”.
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