La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, aseguró que, en el caso del socavón en la obra del Paso Exprés que causó la muerte de dos personas el pasado 12 de julio de 2017 no hubo impunidad, pues el caso fue cerrado para la dependencia que encabeza con las sanciones administrativas correspondientes tras una “investigación exhaustiva, amplia, coordinada, no fragmentada, donde intervinieron todos los Órganos Internos de Control” involucrados.
Tras reiterar que la Secretaría de la Función Pública se encarga de las indagatorias y sanciones administrativas contra los servidores públicos que hayan cometido alguna falta, la extitular de la PGR señaló que derivado de la indagatoria que desde el mismo día de los hechos inició la SFP, la cual incluyó una auditoría con 22 cédulas de observaciones de inicio, culminó con las respectivas sanciones e inhabilitaciones -en algunos casos hasta por una década para no laborar en el servicio público- contra ocho funcionarios públicos, siete de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos y uno de la Comisión Nacional del Agua.
“Se siguió todo el trámite, el procedimiento que marca la norma, y se le dio la oportunidad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos comprobara. Se comprobaron algunas cosas, algunas no, y se le sancionó…Se sancionó a quienes tuvieron negligencia, omisiones, en fin (…)
“Para la Función Pública al día de hoy es caso cerrado, pero las personas que han sido inhabilitadas por 10 años, de acuerdo a la normatividad vigente, se les aplicaron las sanciones correspondientes, y se hizo un trabajo impecable. Es lo que les puedo señalar, y abierto al escrutinio público”, aseveró Arely Gómez, en entrevista con medios tras la sesión de instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República de la LXIV Legislatura.Este miércoles, un año y casi tres meses después de los hechos ocurridos en Cuernavaca Morelos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó la Recomendación 34/2018 respecto a las irregularidades detectadas en la construcción del libramiento del llamado Paso Exprés donde ocurrió el socavón, en la cual señaló a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la principal responsable de todas las irregularidades derivadas en la planeación y ejecución de la obra donde murieron dos personas.
Durante la presentación de la Recomendación dirigida entre otras autoridades al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López acusó que “el socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades”, y por esa razón hizo un exhorto a la Función Pública para que “investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas, ya que, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas”.Por la tarde de hoy, Arely Gómez, titular de la SFP aclaró que la dependencia a su cargo no se encarga de temas penales y sanciona administrativamente. Sobre la Recomendación de la CNDH desconoció si ya había sido notificada al respecto, aunque aseguró que estudiaría “profundamente” el documento de la Comisión reiteró que “la Secretaría de la Función Pública sancionó e hizo un trabajo verdaderamente integral y exhaustivo”.“No he tenido la oportunidad (de revisar el informe de CNDH). Ya pedí que ojalá nos lo puedan notificar a la brevedad, pero lo que sí quiero dejar claro: la certeza de que la Secretaría de la Función Pública actuó en este caso, como en todos los casos que nos han tocado, como el caso Odebrecht, de una manera íntegra, integral, exhaustiva, profunda y apegada a la normatividad. Para la Secretaría de la Función Pública ni ese caso, ni el caso Odebrecht, están impunes”. El pasado 17 de septiembre, la Función Pública concluyó los 24 procedimientos que abrió entorno al Paso Exprés, con la destitución e inhabilitación por 10 años para trabajar en el servicio público de tres funcionarios de la SCT Morelos quienes no atendieron las advertencias que previamente se hicieron sobre los riesgos de la obra. Los sancionados fueron José Luis Alarcón Ezeta, delegado de la SCT en Morelos, Héctor Manuel Méndez Murgía, residente general de Conservación de Carreteras de la misma delegación estatal y Eduardo Saavedra Mora, residente de obra general.RB
