Al resolver dos procedimientos administrativos, relacionados con los hechos ocurridos el 12 de julio de 2017, en la obra del Paso Exprés, la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró elementos para imponer nuevas sanciones a dos servidores públicos, adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las sanciones, que se deben a diversas irregularidades administrativas en la ejecución de los contratos de la obra, consisten en la suspensión del empleo, cargo o comisión por un año para un residente de obra, a quien se le impusieron dos suspensiones por el periodo señalado, y el encargado de la residencia general.
En un comunicado, indicó que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó las indagatorias en torno a este caso, y las áreas centrales de la Secretaría de la Función Pública emitieron las resoluciones correspondientes.
Una vez resueltos los procedimientos, apuntó, se sancionó a los dos involucrados, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos –vigente al momento de la comisión de las irregularidades– y de acuerdo al nivel de responsabilidad determinado por la institución.
Con estas sanciones, precisó, suman 23 los procedimientos administrativos en los que la Función Pública ha sancionado a un total de nueve servidores públicos.
De esta forma, la dependencia refrendó su compromiso con el combate a la corrupción y contra toda acción ilícita, en el propósito de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Empresas, sin responsabilidad
De acuerdo con los tres expedientes abiertos respecto a las líneas de investigación en torno a la posible responsabilidad de las empresas involucradas en la obra del Paso Exprés, fuentes de la Secretaría de la Función Pública adelantaron a ejecentral que de las pesquisas abiertas no se encontraron elementos de prueba de su responsabilidad para iniciar algún procedimiento administrativo en su contra.
No obstante que tras los hechos, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, advirtió que las empresas involucradas en la obra debían “asumir su responsabilidad y responder por los errores u omisiones en la obra”.
De las indagatorias abiertas respecto a la actuación de las compañías Grupo Aldesa, SACC Ingeniería, S.A. de C.V., y la empresa Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, SA de CV, supervisora de la obra, se concluyó que no contribuyeron a la suma de omisiones e irregularidades que derivaron en el origen del socavón.
Por el contrario, se comprobó mediante oficios que tanto Grupo Aldesa como SACC Ingeniería se pronunciaron la primera por una construcción de embovedado y la segunda por un encamisado de tuberías debido a las anomalías en el drenaje advertidas al titular del centro de SCT Morelos respecto a las condiciones del terreno donde se edificó la obra.