Foto: Cuartoscuro

Compartir

Jair Avalos | Corresponsal

Lo acusaban de abuso contra menores y, a pesar de ello, Carlos López Valdés ofició misa durante siete años en la iglesia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan. La jerarquía eclesial lo protegía. El cardenal emérito Norberto Rivera y tres obispos, de facto, archivaron el caso. Debió pasar una década para que el sacerdote fuera sentenciado por pederastía.

Ni el cardenal ni los tres obispos recibieron alguna sanción, ni siquiera al interior de la iglesia. Al contrario, el cardenal ya se jubiló con todas las canonjías de su jerarquía; el padre Alberto Pacheco falleció, y los otros dos actualmente son obispos, Marcelino Hernández en Colima y Jonás Guerrero en Culiacán.

López Valdés deberá pasar el resto de su vida en prisión. El martes pasado se le sentenció a 63 años de cárcel, pero ya tiene 73 años de edad, así que no podrá cumplir toda la pena impuesta.

La sentencia que es histórica por ser la primera en su tipo en México, también incluye el pago de 75 mil 840 pesos para supuestamente resarcir el daño que le causó al entonces menor de edad, Jesús Romero Colín, por el abuso al que lo sometió desde 1994 a 2001. La denuncia fue interpuesta desde 2008 por Jesús Romero.

Pecado de acción y omisión

“Yo clasificaría un primer momento en que Jesús presenta la denuncia desde 2007. Hubo una obstaculización de la justicia por parte de la Iglesia, de documentos, de identificar a quiénes participaron, porque no fue sólo una persona, no sólo fue Carlos López, hubo otros curas con relación y conocimiento”, sostuvo David Peña, abogado defensor de Jesús Romero Colín e integrante de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social

Cinco meses antes de la denuncia, Jonás Guerrero, entonces responsable de la Vicaría del Arzobispado de la Ciudad de México, supo del tema y se lo presentó a Marcelino Hernández, director de Casa Damasco, internado especial para curas con “problemas” de todo tipo.

Jonás era el jefe inmediato del padre Carlos López. Existe una minuta donde consta la discusión del problema y la invitación a que ingresara a Casa Damasco, pero todo quedó ahí”, detalló Peña.

Carlos López nunca asistió a Casa Damasco para analizar su condición sexual, pero la Arquidiócesis optó por removerlo de la iglesia de San Agustín a Morelos. Allí siguió con licencia para oficiar misa.

PENDIENTES. Según la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales del Clero (SNAP, por sus siglas en inglés), en México hay cerca de 200 casos vigentes de pederastia.

En 2011 inició un proceso a cargo del sacerdote Alberto Pacheco, presidente del Tribunal Eclesiástico, pero a eso se sumaron tres años más, pues en 2014 le retiraron la licencia eclesiástica y fue expulsado de la Iglesia Católica Mexicana.

Costó mucho trabajo iniciar la causa penal en contra de Carlos López. Durante los primeros años tuvo de defensa a Armando Martínez, del Colegio de Abogados Católicos. (…) buscó una defensa privada, pero fue casi un proceso frontal contra el poder político y social que tiene la asociación”, explicó el litigante.

Incluso, durante el proceso se perdieron varias pruebas, entre ellas un disco con 800 fotografías de cómo el sacerdote mantenía relaciones sexuales con el menor. La procuraduría capitalina dañó el archivo y un juez invalidó la prueba.

El Tribunal se negó a entregar una carpeta con más testimonios de víctimas de Carlos López (…) al requerimiento sólo entregó la parte que respondía al caso de Jesús Romero”, añadió.

La resistencia de las autoridades eclesiásticas para presentar información interna se volvió un tema complejo para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), por lo que los abogados llevaron el caso al Poder Judicial de la Federación, donde una juez consideró razonable citar a los tres presbíteros para que declararan sobre las acusaciones hacia Carlos López.

Jerarquía intocada

Para el abogado defensor es curioso cómo los sacerdotes que fueron omisos tienen “funciones relevantes dentro de la Iglesia”.

“Estamos haciendo el análisis de la parte institucional como Iglesia. Como una asociación religiosa, es una asociación civil y están sujetos a una responsabilidad”, adelantó Peña.

Hasta la llegada del papa Francisco al Vaticano, fue cuando Romero Colín pudo entrar en contacto directo con Roma. Sólo cuatro meses después de haber llegado al pontificado, en julio de 2013, Jorge Mario Bergoglio le envió una carta a Jesús pidiéndole perdón por su caso:

Sr. Jesús Romero Colín: Tengo recibida su carta. Con dolor, vergüenza, la releí y también con los mismos sentimientos la respondo. Perdón en nombre de la Iglesia, así con sencillez se lo pido. No me sale otra palabra. Rezo por Usted y por todos los que pasaron por ese martirio. Quiero estar cercanoPapa Francisco

Jerarca de la Iglesia Católica

La carta trascendió a nivel nacional, pero no repercutió en la Arquidiócesis Primada de México, que se negó a recibir a la comisión que respaldaba a Jesús Romero.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) emitió la recomendación 1/2015 que pedía la garantía de justicia en el caso de Jesús Romero.

Hasta entonces, Norberto Rivera recibió a los abogados y la víctima. “Nos dijo que ellos estaban en la mejor disposición y que lamentaban el caso (…) La postura de la Iglesia en varios momentos fue de que Jesús quería sacar un beneficio de esto, a pesar del conocimiento que tenían del caso y cómo sucedió”, recordó Peña.

En agosto de 2016, Carlos López fue detenido en Jiutepec, Morelos, donde residía después de su expulsión de la Iglesia.

Debieron pasar 22 años para que el sacerdote fuera llevado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México y otros dos años más para que fuera sentenciado por pederastia. Para los abogados no hay duda, es “un camino difícil para quienes buscan la justicia, el aparato de la Iglesia tiene mucha influencia y la justicia se aletarga”.

Sacerdotes nunca sancionados por El Vaticano, al contrario, premiados:

Marcelino Hernández, responsable de Casa Damasco, fue enviado al obispado de Orizaba, Veracruz, el mismo año en el que la defensa logró iniciar con la causa penal contra Carlos López. En 2014 fue enviado como obispo a Culiacán, Sinaloa.

Jonás Guerrero, responsable de la sexta vicaría donde se encontraba la Parroquia de San Agustín, lo enviaron en 2011 como obispo de la Diócesis de Culiacán, donde aún se mantiene.

Compartir