Se distribuyen a partir de fórmulas de distribución aprobadas por los congresos locales, pocas son iguales, hay algunas buenas que incluyen incentivos al esfuerzo recaudatorio local y otras son muy malas, injustas y discrecionales. La mayoría de los presidentes municipales no las conocen, menos tienen idea de cual es su coeficiente, por lo tanto no saben que para tener más ingresos, deben recaudar mejor. Esto es hacer su tarea, con responsabilidad fiscal.
Sus ingresos principales son las participaciones, por lo menos reciben el 20 por ciento del Fondo General, el más importante que asciende al 20 por ciento de la recaudación participable, esto es 4 puntos, si Veracruz recibe este año alrededor de 29 mil millones de pesos de participaciones –el cuarto después del EDOMEX, DF y Jalisco-, les corresponden alrededor de seis mil millones, mil millones por el Fondo de Fomento Municipal, con otra naturaleza. También reciben transferencias de Recursos Federales condicionados del Ramo 33, concretamente del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y el DF, el FORTAMUN, que superan un 400 por ciento los del Fondo de Fomento Municipal.
Si el Gobierno de Veracruz no las ha pagado, es un pasivo del Gobierno estatal, que tendrá que cubrir incluso con intereses.
Por supuesto sería imposible que la Secretaría de Hacienda los rescate, sería un precedente negativo, se generaría un “efecto de domino”. Se tiene que cubrir ese pasivo con recursos estatales. No hay de otra.
Si se trata de recursos del FISM y el FORTAMUN, estos son recursos federales, con menos recursos que los del extinto FAEB y Seguro Popular, que no pagó el gobierno de Tabasco y que tiene en la cárcel al anterior gobernador y a su secretario de finanzas. Es muy grave si esto también sucede. El costo para el gobierno estatal sería muy alto, ya que tendrían que reintegrar esos recursos.
El estado puede pedir un anticipo de participaciones, que tendría que amortizar como deuda pública, y se debería dar a la siguiente administración estatal. Lo razonable sería un mes de anticipo, lo que reduce el margen de acción presupuestal del siguiente gobierno.
Ya de por si trae la Hacienda Pública de ese estado un pago de intereses y de capital, superior a los 5 300 millones de pesos programados para 2016, más las deudas con proveedores y prestadores de servicios, que superan los once mil millones de pesos reconocidos por el propio gobierno de Duarte, mas la deuda con las universidades. Esto significa que el escenario es pesimista y la conducta atroz.
Castigar a los responsables es obligado, pero eso no resolverá problemas financieros de ese estado, se requiere una reingeniería financiera.
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