Esta semana dos nuevos asesinatos de alcaldes, fundamentalmente de municipios pequeños de alta marginalidad, enclavados en zonas donde la delincuencia tiene más fuerza que las instituciones, donde tiene capacidad para amedrentar o eliminar a las autoridades municipales que se resisten.
Ha sido frecuente en los últimos años que esto suceda particularmente en los estados del sur sureste, donde se encuentra la mayor parte de municipios del país, la mayoría en situaciones de pobreza y asolados por la delincuencia organizada, e incluso en Colima, Zacatecas, y estados del Norte como Tamaulipas y Durango.
Hoy ser alcalde en estos municipios es un riesgo, porque ante la mayor presión federal contra las bandas, estas han diversificado sus operaciones a lo local y ahora han encontrado nuevas oportunidades de negocio, como el asalto a los trenes, el contrabando, la extorsión a los negocios, incluso a los más pequeños, los secuestros, el robo de gasolina, en los que vuelven cómplices a los pobladores y a las autoridades municipales. Si alguien se opone lo hacen a un lado.
Pero lo contrario de lo que ha pasado en el ámbito público, donde se ha buscado centralizar todo, la delincuencia se ha descentralizado, como ha señalado Alejandro Hope, buscando las razones de la siniestralidad entre los alcaldes.
La atomización municipal, así como la precariedad de sus fuentes fiscales, a pesar del impuesto predial, hace que los recursos municipales sean insuficientes para contar con una policía medianamente capacitada y por lo tanto son objeto seguro de extorsión y manipulación.
Sabemos que muchos de los ediles han sido amenazados exigiéndoles recursos presupuestales que manejan, como son los fondos de aportaciones que vienen etiquetados o incluso de participaciones que son de libre disposición, recursos del gasto federalizado, que son estrictamente auditados por la Auditoria Superior de la Federación, la cual en caso de detectar desvíos pueden, mas hoy, sancionar a las autoridades municipales que desvíen esos recursos, esto es los utilicen para algo para lo que no están destinados.
No respetan por lo general las normas presupuestales, ni el destino de los recursos federalizados, no atienden la rendición de cuentas y cuando se enteran es porque ya tienen requerimientos personales para que reintegren esos recursos, no saben qué hacer y yo he visto llorar a algunos después de cinco años de no pelar el asunto.
Así, ante las amenazas o renuncian o se juegan la vida, y vemos que ya son decenas los asesinados en los últimos años. No tienen además recursos y si los desvían corren el riesgo de ser castigados, pero si no pueden ser asesinados.