Las omisiones en la lucha contra las acciones criminales, como en el caso del robo de gasolinas, se han dado por inexperiencia, incompetencia, o , por complicidad que es más grave. Los tres ordenes de gobierno han sido corresponsables. Sin embargo lo fácil, es responsabilizar a los otros. Es responsabilidad federal el cuidado de los ductos, pero estados y municipios también tienen responsabilidades especificas.. Tiene razón el Secretario de la Defensa, se involucra a las fuerzas armadas, cuando ya se ahogo el niño, en tareas de seguridad responsabilidad de los gobiernos, asimismo la pobreza que no hemos superado y la marginalidad de la población rural, como resultado de políticas económicas desafortunadas y centralizadas, que han permitido el involucramiento de los pueblos e incluso de sus autoridades en un robo generalizado de la gasolina.
Hace unos días me preguntaba ¿que se ha hecho de 2002 para acá?, a la luz de que en los primeros años de este siglo, ya existía conciencia del problema y se empezó a actuar de manera interinstitucional y ahí tenemos lo de Puebla y Veracruz, así como en Hidalgo.
Afortunadamente hoy se hace ya lo mismo, como informaron recientemente el Secretario de Hacienda y el Director de PEMEX, hay un grupo interinstitucional en el gobierno federal y la empresa esta haciendo correctamente su parte. Cuyas acciones tienen que ser reservadas, pero no sus resultados. En suma es un problema de .los tres ordenes de gobierno.
A principios de siglo, se daba ya una gran merma de la producción de gasolina, el robo en las plantas y en los ductos, con complicidades de miembros del sindicato, de la empresa y de la delincuencia organizada, La ordeña era un asunto de seguridad nacional, en la que estaban involucrados lo mismo funcionarios y trabajadores. Se observaba en la venta de gasolina ilegal en las carreteras, en la introducción a través del sistema de gasolineras, mezclando la buena con la robada, en la venta a grandes empresas que así reducían sus costos y aumentaban sus utilidades. Ya en 2002, su daño a PEMEX se estimaba en más de 15 mil millones de pesos por año, lo que en términos fiscales implicaba e implica un costo recaudatorio de alrededor de la tercera parte, por tanto su impacto en las participaciones de estados y municipios era y es importante.
Está lucha cuesta recursos presupuestales, que Estados y Municipios no han tenido a partir de la profundización de la centralización de la política publica, en particular en materia fiscal, donde existe una concentración de facultades impositivas con potencial recaudatorio importante, así como el estancamiento en términos porcentuales del porcentaje participable, optando en lo presupuestal por la transferencia de recursos federales condicionados, cuyas normas son federales. En el caso de estos recursos condicionados para seguridad, su normativa ha adolecido de reglas de operación conectadas con la realidad, como es el caso de la capacitación a las policías.
Lo que quiero decir es qué hay que reconsiderar el mapa de riesgos, revisar y concertar el uso de los recursos públicos de seguridad con los estados, los desconcentrados con reglas condicionadas, adecuadas a la realidad económica y social, y en un esfuerzo compartido, con vigilancia social y del Congreso. Los estados atendiendo los problemas y castigando a los funcionarios que se corrompan, severamente.
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