Desde que se empezó a hablar de la Ley de Disciplina Financiera y la necesidad de poner límites al endeudamiento, siempre he pensado que donde es mejor controlarlo con reglas para los propios acreedores que tienen mucha responsabilidad al respecto, así como con el impulso que como se salida se les de reestructurar cada inicio de sexenio. Es mejor devolverles facultades recaudatorias importantes a los estados e incrementar el monto participable por la cesión al Gobierno Federal del usufructo de sus facultades impositivas con mayor potencial recaudatorio, recibiendo a cambio solo una cuarta parte de los ingresos federales coordinados. Porcentaje a todas luces limitado, sobre todo cuando hay resistencia a devolverles facultades que realmente sirvan para recaudar, no accesorios o acciones que les cuestan y no les dejan.
Eso ha creado una cultura de “pereza fiscal” en la mayor de los estados y sobre todo de los municipios, aunque siempre hay quien hace bien su trabajo y quiere mejorara con su propio esfuerzo, pe en entidades como CDMX, Nuevo León, Jalisco, Campeche o EDOMEX. En sus tiempos que no son lejanos, el ex gobernador Bours de Sonora, siempre destaco dos conceptos, el primero lo que el llamo “el sistema de subordinación fiscal”, a cambio de recibir un ínfimo porcentaje como participaciones y segundo el llamado “padrotismo fiscal”, esto es prefiero pedir, negociar o “cabildear, que recaudar, muy común en los presidentes municipales y en muchos gobernadores.
Los presidentes municipales llegan a presionar con movilizaciones sociales, pero en los casos estatales a pedir, dependiendo de los grados de discrecionalidad que aún existe en nuestro sistema presupuestal y pedir, como aquel gobernador que quito la tenencia y luego fue a pedir un apoyo financiero para cubrir lo que le faltaba.
Es común que muchos gobernadores se dediquen a gestionar, esto es a pedir, desaprovechando el potencial que tiene la coordinación fiscal y el poder de negociación política que es la CONAGO, que permitió por primera vez que la Republica entera se sentara a discutir y llegar a más de 250 acuerdos por unanimidad sobre cómo fortalecer nuestro federalismo fiscal. Sin embargo, la parte legislativa y política de 2005 y 2006 impidió cualquier intento para avanzar en ese sentido.
Me preocupa en lo personal la anulación en estos temas de los congresos locales, bajo el argumento de que el único control real es el que un sistema centralizado, más propio de un gobierno unitario, que de uno federal. Un sistema federal es descentralizado y las decisiones que no sean nacionales las toman los congresos locales.
En cuanto el sistema de alertas, no solo se debe incluir a estados y municipios, y debería concentrarse en el Congreso, dando espacio a los congresos locales.
La eficacia y credibilidad del Sistema de Alertas dependerá de la calidad de la información, del ambiente político de la sucesión y en el regreso al federalismo.
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