Una reflexión obligada en los momentos en que se decide el futuro de la Auditoria Superior de la Federación, es el del costo económico y social de la corrupción.
No es fácil medirlo, pero es claro que incide sobre el crecimiento económico, al haber espacios de opacidad en el manejo de los recursos públicos, incluso en los organismos autónomos, en los estados y municipios.
La pobreza no desaparece, a pesar de los avances en algunos indicadores, porque la población sigue creciendo, la desigualdad igual y la economía informal prevalece con una parte importante de la ocupación, viviendo los ciudadanos ocupados en la informalidad, sin seguridad social y obviamente sin una vejez en el futuro garantizada.
Hay quienes han hecho el esfuerzo por medirla, como es el caso del CEESP que dirige Luis Foncerrada, menciono que estimo que en 2012 el costo de la misma, fue 1.5 billones de pesos.
Por su parte algunos organismos de la sociedad civil como FUNDAR, México Evalúa, CIDAC y México, ¿Cómo vamos?, estimaron hace un año, que la corrupción costó 341 mil millones de pesos en 2014, equivalente al 15 por ciento de la inversión pública.
Por su parte la UDLA Puebla, ha elaborado dos ediciones del Informe Global sobre la Impunidad, 2015 y 2016, y no nos va bien. La percepción ciudadana de la corrupción, de la impunidad, así como de la inseguridad, afecta el clima de inversión y el estado de derecho, por eso estamos en un mal lugar en el Ranking de Competitividad Mundial. Por cierto esta semana, el IMCO, presento el Indice de Competitividad Internacional.
Contener la corrupción, con instituciones fortalecidas, coordinadas y con un marco legal eficiente, mas la participación de la sociedad, a través del Consejo Ciudadano, es la vía para combatirla, así como la coordinación intergubernamental de los tres ordenes de Gobierno y entre los tres poderes.
Cierto hay avances importantes, en transparencia, fiscalización, armonización contable y rendición de cuentas, pero han sido insuficientes. De ahí la importancia de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que abre la oportunidad para que esta generación la combata con mayor fortaleza facultades adicionales a instituciones como la Auditoria Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa.
El estado de derecho y la contención de la corrupción, generarán crecimiento económico, inversión y empleo.