Según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la inversión en infraestructura de los últimos años, está en los niveles de los años cuarenta. Esto lo ha mencionado Luis Foncerrada, su director.
Al respecto vale la pena traer a cuento algunos comentarios de William Easterly y Luis Serven, en la introducción de una publicación del Banco Mundial de 2003 sobre los programas de ajuste y el gasto en infraestructura. Destacan a partir de estudios del propio Banco, la importancia de las tasas de retorno de la inversión en infraestructura, particularmente en telecomunicaciones y carreteras, así como en el mantenimiento de la misma. Al respecto en México hemos tenido por décadas una reducción de la inversión pública en infraestructura.
Es cierto que gran parte de las crisis económicas y fiscales que hemos enfrentado han sido por un abuso y opacidad en el ejercicio del gasto público, y la debilidad de nuestra hacienda pública, lo que nos ha hecho vulnerables a las crisis internacionales, sin embargo, la fortaleza depende de nosotros mismos.
Hemos tenido crisis importantes como en 1976 y 1982, cuyas secuelas tardaron en superarse, pero también en 1995 y 2009, etapas en la que se incurrió en excesos presupuestales. De 2000 a 2006 se logró estabilidad macroeconómica, con un manejo prudente del gasto público, lográndose reducir la deuda externa e incluso menores tasas impositivas.
Con la creación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se creó un marco legal que ha fortalecido la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, pero aún son perfectibles, como la Ley de Disciplina Financiera, pero falta fortalecerlas.
Hoy estamos en la coyuntura previa a la aprobación del PEF 2018, y tenemos que para el tercer trimestre se habla de una reducción de alrededor del 24 por ciento en el gasto de infraestructura, en relación al periodo anterior. A los estados con los ingresos no les ha ido mal este año por el comportamiento del componente tributario de la recaudación participable debido a una buena recaudación tributaria, y sus participaciones están por arriba de lo programado, pero no se deben confiar y meter estos ingresos extraordinarios al gasto irreductible.
Para 2018 es claro que no hay no hay margen para revertir lo anterior, además es un año electoral, lo que puede dificultar los consensos en el Congreso, a pesar de los grandes temas pendientes como es el caso de las pensiones y del gasto nacional en salud, cuya reforma efectivamente está pendiente.
Por ello sería útil revisar lo anterior, así como la política tributaria, considerando por supuesto las propuestas que el sector privado y otros sectores sociales han hecho, convocando en 2019 o 2020 a una nueva Convención Nacional Hacendaria, que revise el pacto fiscal.
Hay rubros que crecen en el gasto no programable, particularmente las participaciones en impuestos federales coordinados que se pagan a los estados, sin embargo, estos son recursos propios de libre disposición derivados del pacto fiscal, por el cual ceden al orden federal el cobro de esos impuestos y estas regidos por la Ley de Coordinación Fiscal, de forma tal que, si la recaudación sube, suben, pero si baja, bajan. El otro es el ser vicio de la deuda pública federal.
La revisión de las políticas de ajuste debe ser permanente, pero ya no a costa de la inversión pública en infraestructura, sino ajustando rubros innecesarios del gasto corriente y revisando rubros no prioritarios de gasto, así como el servicio de la deuda pública.
Los retos son vastos: inversión, pensiones, salud, así como explorar mecanismos de participación de la inversión privada productiva, que ya los hay, solo hay que fortalecerlos, como las APPS.
Por supuesto hay que evitar en los órdenes estatal y federal la construcción de obras de infraestructura innecesarias.