En una federación es común la disputa por los recursos, entre los estados del sur, generalmente los olvidados y los del norte, es el costo de ser una federación. En México esto no es novedoso, se observa en la disputa por el presupuesto, así como en la distribución de las participaciones y gasto federalizado en general, por lo que vale la pena revisar la naturaleza de los recursos fiscales transferidos, sus destinos y su normatividad, separando los recursos de libre disponibilidad o Ramo 28, de los condicionados o etiquetados, principalmente el Ramo 33. La mayor parte de los mismos están normados en la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales se distribuyen por fórmulas, en las que pocos estados han sido ganadores, igual ha sucedido con los recursos del FAEB hoy FONE que son aportaciones condicionadas para educación. El ideal federalista es que tengamos tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes y que los recursos se destinen considerando las desigualdades regionales, las ventajas comparativas y la oportunidad de cada región o estado. Un problema derivado de la LCF ha sido la centralización de facultades recaudatorias en el gobierno federal, la mayor en el contexto de la OCDE, lo que ha generado una cultura de desinterés fiscal en los otros órdenes de gobierno, claro con excepciones importantes principalmente la CDMX, o estados como Nuevo León, Baja California y el EDOMEX. Lo que se ha mantenido sin cambio es el porcentaje participable, que no rebasa la cuarta parte de los ingresos totales, y no todos los ingresos federales se participan. Adicionalmente a fines del siglo pasado se decidió agrupar recursos dispersos del presupuesto en el Ramo 33, aportaciones federales incluidos los recursos de salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, y algunos otros, para distribuirlos con reglas de operación de manera condicionada. Esto es la capacidad de gasto de los estados, ha crecido de manera inversa a sus facultades recaudatorias. Hay imperfecciones en las fórmulas de distribución y muchas veces descoordinación con la realidad, por lo que el ejercicio del gasto, ha resultado muchas veces insuficiente y opaco como en el caso de educación y salud, donde se han concentrado las observaciones en las auditorías de la ASF. Por supuesto en las participaciones. Lo primero fue determinar qué porcentaje de la recaudación participable sería distribuida entre los estados y municipios. El Sistema comenzó con el 12.5 por ciento, al principio de manera inercial, quedando estados como Tabasco por encima del promedio de la mayor parte de las entidades federativas, particularmente las del sur: tenía sobre Oaxaca una diferencia per capita de 8.5 a 1, debido al peso del petróleo. Ese reparto dejó insatisfechos a la mayor parte de las entidades federativas que aún consideran que reciben recursos insuficientes para sus necesidades de gasto, incluso por lo menos una tercera parte, tuvieron que ser apoyados al inicio del año, con recursos que son anticipos de sus participaciones. Una cosa importante, ni las participaciones, ni las aportaciones han cambiado recientemente sus formas de distribución, sus coeficientes son prácticamente los mismos. Lo único que los cambiaría sería una caída importante de los ingresos participables, porque incluso algunos fondos de aportaciones, están referenciados a la recaudación participable. Pero para este año ambos crecen y no olvidemos existe el FEIEF, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. En todos los casos son recursos fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. El sur… En el nuevo presupuesto, el ramo de bienestar es el que más crece, y hoy por primera vez el sur, diría Benedetti, también existe: grandes inversiones de infraestructura de en los estados del sur sureste, como Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas. brunodavidpau@yahoo.com.mx
La eterna disputa por los recursos
