Como he comentado la Auditoría Superior de la Federación es una institución fuerte, con un prestigio institucional destacado, sin embargo, existen áreas de mejora y en estos días hemos explorado algunos de los espacios importantes, como la coordinación intergubernamental.
En los tres sistemas eje de las reformas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: el Anticorrupción, el de Fiscalización y el de Transparencia, en los que participa la ASF, la institución más importante en la lucha contra la corrupción, se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instancias fiscalizadores federales y estatales, para hacer mejores auditorias, con resultados efectivos.
En el Sistema Nacional de Fiscalización, tanto la Auditoría, como la secretaria de la Función Pública, desempeñan el papel de ejes rectores, en la coordinación respectiva con las, auditorías superiores de los congresos locales, ASOFIS y las contralorías de los gobiernos estatales, respectivamente.
Los resultados que comentaré, se dan antes de ejercer las nuevas facultades que tiene la Auditoria Superior, como fiscalizar participaciones y obligaciones financieras.
El tamaño del desafío es tal, que solo considerando que las participaciones significan un monto mayor que las aportaciones del Ramo 33, con el hecho de que la diferencia es que más del 90 por cierto del gasto de las mismas, al tratarse recursos de libre disposición, se destinan al gasto corriente, fundamentalmente nóminas. Solo alrededor del 5 por ciento se destina a inversión, otro tanto igual con la CDMX.
Para ello considero indispensable robustecer vínculos e intercambios de experiencias entre el ente fiscalizador federal y quienes se ocupan de la gestión gubernamental en estados y municipios. Ya lo he mencionado, pero no está demás precisarlo: de las 1 865 auditorías que se realizaron en 2016, 1 390 correspondieron al gasto federalizado, esto es alrededor de tres cuartas partes, incluyendo las transferencias condicionadas, aun sin incluir la fiscalización a las participaciones, que implicarían más recursos humanos y presupuestales.
Todo mundo realiza auditorías, en el ente fiscalizador, incluso en áreas de investigación. En el gasto federalizado, existen las llamadas auditorías coordinadas, donde la entidad local realiza la auditoría y los Pliegos los hace la ASF, con resultados que habrá que revisar. En algún momento surgió la idea de que, aumentando la cobertura de la fiscalización, se garantizaría un mejor uso de los recursos federales transferidos, en materias como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza entre otros. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.
Como muestra, si revisamos las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, los PRAS, de 2008 a 2016, su total fue de 16 058. De estos PRAS, tres quintas partes correspondieron a estados y municipios, mientras que el otro 40 por ciento, al Poder Ejecutivo Federal, al Judicial, órganos autónomos e Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin embargo, cantidad no significa calidad, ni mejores resultados. Es todo lo contrario generalmente.
En el caso de los órdenes subnacional y local, quedan pendientes de concluir alrededor del 30 por ciento. Es importante señalar que se considera concluido un PRAS cuando ha quedado promovido ante la instancia de control competente, generalmente las contralorías estatales, pero en muchos casos queda pendiente que estas últimas al termino del procedimiento emitan la resolución de cada uno de los asuntos turnados. Cuando ya hay resolución definitiva, solo son procedentes 405 PRAS, los otros son no procedentes o quedan si resolución definitiva.
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