Las posibilidades presupuestarias para el próximo año se han ido acotando, si descontamos el gasto irreductible, así como el gasto no programable, esto es las participaciones y el servicio de la deuda pública, el margen para hacer política pública e invertir en infraestructura es reducido. El gasto neto total, asciende a cerca de 19.2 por ciento del PIB, el gasto no programable es el 6 por ciento del PIB, destacan las participaciones, que son recursos propios de los estados como producto del pacto fiscal y son la contraparte de que los estados hayan cedido o dejado en suspensión sus facultades tributarias, por otra parte, el servicio de la deuda es variable y siempre pesa sobre el gasto no comprometido, limitante las posibilidades de inversión productiva o en desarrollo social.
En suma, el gasto centralizado es el 66.6 por ciento y el federalizado el 33.4 del PEF. Haciendo cien este último, las participaciones 46.1 y las aportaciones, 42.3 por ciento.
En los últimos años el gasto federalizado, incluyendo los recursos de libre disponibilidad y las transferencias condicionadas, a saber las aportaciones que forman el Ramo 33, con ocho fondos, entre los que destacan los destinados a educación básica, salud, seguridad y combate a la pobreza, así como mediante los convenios de descentralización y de reasignación, y los subsidios como el seguro popular cuyo monto presupuestal ha crecido, de forma tal que del total de los recursos federalizados, van casi a mitades, con la diferencia de que las primeras son recursos propios de libre disponibilidad de los estados y las aportaciones son recursos condicionados, que nunca pierden su naturaleza federal y siempre han sido auditadas por la ASF, las otras a partir de este año, aunque son recursos estatales.
Las diferencias, aun para quienes hemos seguido el tema desde hace muchos años, son sencillas: las participaciones son recursos propios de los estados y hasta hoy son revisadas por la ASF, con poca expertis de su naturaleza establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, esto es que al ser recursos propios el congreso local define su destino y no tienen claro los reintegros.
Es cierto, en muchos gobiernos estatales ha sido tal el nivel de abuso y corrupción que era necesario parar un tiempo y poner orden en la federación, pero sin hacernos una república centralizada, revisando centralmente las participaciones, pero hay que hacerlo con un conocimiento que vaya más allá de la auditoria a la comprensión de las políticas públicas y sobre todo el presupuesto. Aterra observar el desconocimiento sobre la coordinación fiscal, aunque se ira corrigiendo con el tiempo y los cambios en la ASF.
Veamos, es conocida la pobreza recaudatoria de los estados, por un lado, porque son facultades impositivas de muy bajo potencial recaudatorio y también es cierto, porque en un número importante de estados y municipios, existe pereza fiscal, renuencia a cumplir con sus obligaciones recaudatorias.
El promedio dentro de los ingresos totales de los estados, es que un 10 por ciento proviene de recaudación de facultades tributarias y no tributarias locales, aunque hay algunos que no llegan al 3 por ciento, y el resto son transferencias de origen federal. Pero que quede claro que las participaciones son ingresos propios.
Es absurdo que se les observe que utilicen participaciones para reintegrar recursos a las cuentas de los fondos de aportaciones, cuando se determinan en el proceso de auditoria gubernamental de cada ejercicio fiscal. Habrá que aprender finanzas públicas, entender el presupuesto y la política tributaria, así como entender la coordinación fiscal.
Es importante considerar que las reformas constitucionales lo que buscan es meter orden, evitar que los recursos estatales se manejen de manera opaca, con desvíos de funcionarios corruptos.
Un paso atrás, dos adelante.