Pese a que han pasado 365 días desde los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y que las autoridades responsables de rendir cuentas, avanzar en la reconstrucción y dar apoyos a los damnificados no responden, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se mantiene a la espera de que sean atendidas sus peticiones de información. Actualmente continúa una investigación que probablemente derive en una recomendación enviada desde ese organismo, mientras sigue en el aire la carencia de una estrategia y políticas públicas para enfrentar estas emergencias.
“Es una llamada de atención a las autoridades que tienen que ver con todo lo relacionado con los sismos, para efecto de que se ponga las pilas, nos provean de toda la información que es parte fundamental de nuestra investigación. Es probable que digan que lo hacen y van avanzando, pero al momento que la CNDH les pide la información, no la dan de la manera adecuada o es incompleta”, dijo Enrique Guadarrama López, Segundo Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el pronunciamiento que emitió el organismo a un año de los desastres.
›La situación es grave por diversos sentidos. Por una parte, siguen en proceso las investigaciones que la CNDH emprendió hace un año para esclarecer las condiciones reales de reconstrucción en los estados que resintieron las mayores afectaciones y la mayor cantidad de damnificados, lo cual implica “un alto grado de complejidad”, reconoció Guadarrama López, para saber cómo se encuentra el proceso de reconstrucción en Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
Aunado a ello y la falta de atención y respuesta de las instancias de gobierno involucradas, el organismo mantiene abiertos poco más de 120 de los 375 expedientes a partir de diversas quejas generadas por faltas, irregularidades y omisiones a consecuencia de los sismos. Aunque alrededor de 250 ya fueron solventados, son aquellos casos que tienen que ver más con cuestiones de fondo los que se mantienen en trámite.
Había quejas de quienes en sus lugares de trabajo los obligaban a regresar a trabajar sin que se contara con el dictamen estructural, casos sobre la recuperación de pólizas de seguro, y casos de ese tipo que se fueron solventando, explicó a este periódico el Segundo Visitador General.
Pero en los expedientes que tienen que ver con situaciones del “saber por qué se colapsaron los edificios, si tuvo que ver con una cuestión de autorizaciones mal entregadas o esquemas donde pudo haber corruptelas, esquemas de construcción, de supervisión de inmuebles, de las autorizaciones del uso de suelo, los temas de empresas y derechos humanos, corrupción y derechos humanos, mantiene abiertos poco más 120 expedientes”, señaló.
No hemos aprendido
Uno de los aspectos más preocupantes que considera la Comisión defensora de Derechos Humanos es que a pesar de antecedentes trágicos, no sólo como el de hace un año sino en el caso de los terremotos de septiembre de 1985, a estos días no se cuenta con una verdadera cultura de la prevención de ese tipo de desastres, ni una política pública clara para atender los procesos de reconstrucción y ayuda una vez que los desastres han ocurrido.
“Todos pensamos que pudiéramos tener una lección, pero yo diría que no se ha aprendido y falta mucho por hacer; una cultura de prevención de desastres y eso tiene que ser una política pública muy clara, donde participen todos los sectores, el involucramiento de toda la sociedad. En su momento la CNDH hará referencia tanto a las políticas públicas y dará lineamientos de lo que deben contener esas políticas en materia de prevención de desastres”, adelantó.
Aunque no quiso comprometerse en confirmar si el resultado final de las investigaciones que la CNDH emprendió hace un año a causa de los sismos implicarán la emisión de una Recomendación, el visitador Enrique Guadarrama reiteró que la comisión se mantiene trabajando con un equipo dedicado a este esquema. “Estamos en ello y no puedo dar fecha ni aproximación, (pero) sí puedo decir que estamos trabajando fuerte en ello, hay un equipo dedicado a este esquema, es una investigación compleja porque estamos en el análisis de todas las entidades donde hubo afectaciones y en cada estado los temas a considerar son variados”.
Sin reacción
A un día de emitir su pronunciamiento titulado “Descoordinación entre instancias de gobierno, opacidad e inconsistencia en la información y en el manejo de recursos, así como resultados insuficientes en las tareas de reconstrucción y en las acciones preventivas, son el saldo de los sismos de septiembre de 2017”, la CNDH no ha recibido acuse de recibo de la revelación de dichas anomalías y omisiones detectadas.
A decir del segundo visitador general, se espera que en los próximos días vean alguna reacción con respecto al “enérgico llamado” que hacen a las autoridades involucradas en la atención a las víctimas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado. Al respecto, dijo, esperan que sea positiva en los aspectos donde el organismo no ha tenido respuesta “y esperemos que vengan muy pronto”.
“Los afectados sí necesitan una respuesta real, tangible a lo que están enfrentando. Se requiere una respuesta adecuada y oportuna por parte de las autoridades. Las obligaciones de las autoridades van en un doble sentido, una sobre los afectados y damnificados, y otra hacia la sociedad, que necesita saber qué fue lo que ocurrió, cómo se están enfrentando, cómo se destinaron los recursos y que falta por hacer en este camino de reconstrucción (…)
“Que no sea una posición de números aislados, de expedientes cerrados o en trámite, se necesita ver le rostros humanos de las personas, de las familias afectadas a quienes les cambió la vida por estas tragedias”.
Como parte de este corte de las condiciones que guarda el proceso de reconstrucción, la CNDH advirtió que a la fecha aún continúan miles de personas en condición de damnificadas, debido a que no han sido atendidas con la reconstrucción de sus hogares, y la misma suerte han tenido “un gran número de escuelas y unidades médicas”.
En su llamado acusa que no hay transparencia ni rendición de cuentas en la gestión y destino de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales, supuestamente remitidas para la reconstrucción y apoyo de afectados.