David Colmenares

Primero manifestar mi gusto por el reconocimiento al Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, miembro de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa,  a quien la semana pasada una prestigiada revista en materia tributaria le otorgó ese reconocimiento por su trayectoria profesional, su honradez y eficiencia en su desarrollo profesional, así como por sus valiosas aportaciones a esta importante materia para el quehacer económico del País. Además vale mencionar que al año pasado escribió un ensayo sobre la ética en las finanzas públicas, para la colección de libros  85 años de Revolución, donde colaboraron otros destacados mexicanos de diversos campos profesionales, no sólo el de las finanzas públicas. Enhorabuena Magistrado.

 
Entrando en materia, cuando en 2003 se empieza a trabajar en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales –que se elaboró hasta 2007 en la Unidad de Coordinación con entidades Federativas de la SHCP, además de analizar y describir lo referente a los ingresos, el gasto y la deuda pública de las finanzas de estados y municipios, destacó lo referente a la contabilidad gubernamental. Se observó que no había homologación en la forma de presentar – por ejemplo- las carátulas de los presupuestos de egresos y los ingresos, cada quien desglosaba de acuerdo a sus intereses, de forma tal que se fueron sucediendo en el tiempo anécdotas, que demostraban como gran principio la opacidad en las cuentas, así como la desinformación  que enfrentaban los ciudadanos al respecto.
Se partía de que las penumbras en esta materia permitían quitar indebidamente recursos a los municipios y usar el dinero estatal para fines deshonestos como los que hoy aparecen en algunos estados y municipios.  Hoy se ha avanzado mucho, existe la CONAC muy bien dirigida por cierto o el INAI, se ha rebasado la opacidad que se había en la contabilidad gubernamental del gobierno federal, pero falta hacerlo en todas las entidades federativas.
En esos años, lo que sucedía con la información de los tres ordenes de gobierno parecería hoy parte de una novela de terror o algo chusco.
En la Secretaría de Hacienda existía una Dirección General en Egresos sobre contabilidad gubernamental, encabezada por Isaac Rodríguez, con quien colaboraba Javier Espinoza Isaías, quienes siguen trabajando en el tema.
Las anécdotas: algunos no desglosaban por ejemplo las transferencias que recibían, o no diferenciaban entre las condicionadas y las no condicionadas de libre disponibilidad.
En el caso de las participaciones lo hacían para que los municipios no se enterarán de lo que el gobierno estatal les debería pagar del Fondo General de Participaciones, el principal rubro de las mismas.
A partir de la comunicación que se estableció en esos tiempos entre la UCEF y los municipios, varios estados interpusieron quejas o demandas ante la Corte por el pago incorrecto de las mismas. Por ejemplo el municipio de Acapulco cuyo Presidente Municipal era Zeferino Torreblanca, interpuso una queja ante Hacienda, a través de la UCEF,  porque la secretaría de finanzas estatal le retenía  el 15 por ciento de las participaciones municipales, para con ello “ayudarle a pagar los aguinaldos a fin de año”. Ha sido el único caso que se ha tratado en el seno de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, poniendo en ese momento nerviosos a otros estados del sur sureste que hacían lo mismo. Ya siendo gobernador, Zeferino tuvo que pagar al municipio, porque el estado perdió la controversia y Zeferino pagó.
Baja California no ponía cifras a su Ley de Ingresos, ni Colima publicaba los datos de participaciones, tenía en sus leyes que “se pagarían participaciones a los municipios, de acuerdo a las posibilidades financieras del Estado”… Así hay muchas más.
Hoy hay avances tangibles, pero falta, como se ha visto en Veracruz.

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