En lo que va de la actual administración las instituciones del gobierno federal principalmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal han presentado 12,700 denuncias por actos de corrupción, de las cuales unos 400 casos con más de 620 detenidos, es decir alrededor del 3% del total se han logrado judicializar.
Así lo informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, al dar a conocer el informe general de la institución a 100 días de operaciones.
Reveló el diagnóstico de cómo encontró la dependencia federal, las acciones que se han detonado en este lapso de evaluación para revertir los rezagos, malas prácticas y demás deficiencias que encontró en la institución, así como un escueto informe del avance de casos relevantes como el caso Iguala, la explosión en Tlahuelilpan, la Estafa Maestra, y el caso Odebrecht, del cual se comprometió a que antes del próximo bimestre “se habrá de empezar a judicializarlo” bajo la de una maquinación delictiva en materia de delincuencia organizada.
Tal y como este periódico lo dio a conocer en su edición del pasado 11 de abril, en la que derivado del análisis del fiscal Gertz Manero se concluyó que la procuración de seguridad y justicia en el país atraviesa un estado crítico derivado de la incapacidad institucional que se arrastraba desde la entonces PGR, carente de planeación y coordinación en la persecución de los delitos, sin la profesionalización necesaria y la falta de conocimiento del fenómeno criminal.
Descontrol, rezago, despilfarro, opacidad y anarquía…
Este lunes el titular de la FGR reiteró ese diagnóstico. Un rezago “injustificado” de más de 30 mil investigaciones sin resolver; descontrol en la atención de denuncias y querellas, sin un sistema de oficialía de parte se recibían los casos sin ningún orden ni verificación; lo casos judicializados que terminaban en sentencias apenas llegaba al 5 por ciento.
No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, generando retrasos de meses y años para determinarse; no se comprobaba el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en la misma situación; en cuanto a Servicios Periciales, la dilación en la emisión de dictámenes fue de más de 3 mil, refirió el fiscal.
La desviación de recursos tanto materiales como humanos para otros fines también fue otro de los declives que halló el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, pues se determinó que no existía un control sobre los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente; y se comprobó que de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, “se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas”.
En cuanto a la estructura administrativa, Gertz Manero refirió que existía una “evidente anarquía” en donde las áreas de atención a la ciudadanía presentaban una grave escasez de personal de apoyo; en tanto, otras áreas consideradas como no prioritarias, contaban con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.
En ese sentido, el funcionario reconoció que había un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran claramente precisadas sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad de la FGR.
Respecto al uso de recursos señaló que no había ningún control, y por el contrario había un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles; tanto en viáticos, como en servicios de apoyo, contratos de mantenimiento, talleres de reparación, y gastos diversos, no justificados, como ejemplo de esta situación enumeró que 4 mil vehículos (terrestres), varios de ellos blindados, de la institución que eran utilizados para uso de altos funcionarios y sus allegados.
“Se utilizaba en forma irracional la flota aérea, en actividades que, en poco o nada contribuían a las funciones de procuración de justicia, mientras se destinaban a fines impropios, con altos costos por seguros, salarios y mantenimiento; se encontraron compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad, ni su costo-beneficio; y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado”, señaló.
El fiscal dijo que entre 2013 y 2015, la extinta PGR realizó una inversión de más de mil millones de pesos, en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones), mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas.
Asimismo, en octubre de 2013, la dependencia adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares, lo cual significó que hubo un monto de 4 millones de dólares de sobreprecio en su compra.
En cuanto la utilización de la infraestructura inmobiliaria también encontró anomalías pues dijo que se tenían edificios rentados a precios exorbitantes, con muchas deficiencias en su funcionalidad; la existencia de propiedades de la Institución vacías y abandonadas; así como eis inmuebles que fueron otorgados para su venta oficial en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) “y que se desviaron hacia intereses particulares, lesionando gravemente el patrimonio de la Institución”.
A 100 días
Cuestionado sobre su estado de salud, y acerca del por qué se habían pospuesto varias conferencias de prensa donde se tenía previsto su asistencia y de último momento se pospusieron, a tres meses de su última conferencia el fiscal dejo en claro el avocarse a las acciones que su administración había emprendido para atender la serie de rezagos y anomalías que se desprendieron de su diagnóstico inicial y cuyo plazo auto-impuesto para contar con una reingeniería a fondo de la Fiscalía es de un año.
- Estas son algunas de las acciones emprendidas en los primeros 100 días:
- Se creó un modelo de Oficialía de Partes Única en cada área central de la Institución, y en cada estado, estableciendo un sistema de apoyo a denunciantes, manejado por la Visitaduría General.
- Se inició un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas del Ministerio Público y de apoyo administrativo; a partir de este mes todas las actividades del MP en carpetas de investigación y en procesos tendrán nombre, apellido y responsable, para así ser evaluados
- Se creó un programa de operación y seguimiento de la acción penal denominado “Sistema de Evaluación de Resultados” (SER); el cual, junto con Justici@Net, ya está detectando cualquier atraso o desviación en las funciones del MP
- A partir de mayo el mismo sistema de personalización y control de resultados, se aplicará a cada uno de los policías y de sus superiores, hasta el nivel más alto que corresponda.
- Se han recuperado más de 320 elementos que fueron comisionados a prestar servicios de protección y de seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y otras personas.
- Se hizo una disminución de en la nómina de más de mil plazas de alto nivel, que eran inútiles o injustificadas.
- Se estableció el Programa de Estímulos a todo el personal del Ministerio Público y de Apoyos Administrativos para que estos servidores sean premiados, mes por mes, mientras también se llevará a cabo un análisis de sanciones, para quienes incumplan con las tareas encomendadas.
- Se están revisando contratos y convenios inoperantes o de alto costo y cualquier otro gasto superfluo, con ello se ha logrado ahorros por 364 millones de pesos comparado con el mismo período de 2018.
- La flota de transportes terrestres se podrá reducir en más del 30%, para este año, con el consecuente ahorro.
- De los 35 helicópteros y 17 aviones recibidos en la flota aérea, se redujo en un 74%, conservando sólo las aeronaves necesarias para las operaciones sustantivas, y cancelando todas las unidades de lujo.
- Se iniciaron auditorías administrativas y técnicas en los casos de compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar o a altos precios
- Se están reorganizando las áreas de ocupación y concluyendo los contratos de arrendamiento de los inmuebles innecesarios, a fin de optimizar al máximo los edificios propios, incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta a través del INDAABIN.
- Se inició la revisión de los montos ejercidos por concepto de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, a fin de determinar si existen irregularidades.
Casos relevantes
AYOTZINAPA
La FGR se compromete a reponer el procedimiento en todo lo que sea necesario para así “recuperar la credibilidad y la justicia en este caso”, del cual se propone apoyarse en la investigación que hizo la CNDH, y trabajar en conjunto con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas
ODEBRECHT
Tras reconocer que no se dio ningún resultado por parte de la PGR, el fiscal se comprometió a que antes de 60 días (alrededor de 2 meses) se habrá empezado a judicializar. Sin embargo, dijo que los convenios previamente establecidos para no ejercer acción penal contra los directivos de Odebrecht en Brasil se mantiene.
TLAHUELILPAN
Sobre la indagatoria de la explosión suman 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades, de los cuales sigue bajo investigación los “posibles retrasos” por parte de personal de Pemex en la atención a la fuga; así como las conclusiones sobre “quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio”. Dijo que la audiencia correspondiente se llevará a cabo el día 17 de mayo.
ESTAFA MAESTRA
Calificándolo como “un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más”, Gertz Manero informó que están pendientes de celebrar audiencias iniciales en dos de las cinco carpetas de investigación que se iniciaron, respecto a cinco ex servidores públicos de las secretarías de Desarrollo Social, así como de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
“Debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican”, reconoció. NM