Solidaridad. La detención del mexicano Daniel Ramírez Medina provocó indignación entre latinos.Ali Winston
De las más de 680 personas detenidas durante las incursiones nacionales de la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), nadie ha atraído más atención que Daniel Ramírez Medina, de 23 años. Aunque cruzó a Estados Unidos ilegalmente cuando era niño, Ramírez Medina aplicó dos veces con éxito para obtener el permiso de residencia bajo el Programa de Acción Diferida para la Llegada de la Niñez (DACA) de la Administración de Barack Obama.
El exresidente de California, que recientemente se mudó al norte de Des Moines, Washington, fue detenido el viernes cuando el ICE llegó a casa de su familia en busca de su padre, que también es indocumentado y en proceso de expulsión del país.
El ICE afirma que el estatus de DACA de Ramírez Medina es nulo y sin efecto debido a la evidencia de su participación en pandillas esbozada por los abogados del gobierno en un escrito presentado a principios de esta semana. La suma de la evidencia es un tatuaje en su brazo que los funcionarios de inmigración creen que está relacionado con pandillas y declaraciones que presuntamente realizó bajo custodia en las que afirmó que “él solía pasar el rato con los sureños en California”, que él “huyó de California para escapar de las pandillas”, y que “todavía pasa el rato con los paisas en el estado de Washington”.
›Aunque sus abogados defensores y los fiscales impugnaron su detención por considerarla inconstitucional, asegurando que la evidencia fue falsificada, el caso de Ramírez Medina pone en evidencia los amplios criterios del ICE para identificar a los pandilleros, que data de la presidencia de George W. Bush y han sido usados para deportar a miles de individuos, incluidos los protegidos por el DACA, durante la última década.
The Intercept obtuvo las directrices de la clasificación de pandillas y la documentación a través de una solicitud de información de registros relacionados con la base de datos ICEGangs de la agencia.
La política, titulada “Base de datos ICEGangs: datos de entrada y uso”, fue publicada el 4 de agosto de 2006 y establece pautas para usar y compartir información de bases de datos de pandillas en estados como California y Washington.
Lo que es más importante, las directrices codifican los criterios para documentar a los individuos como afiliados a pandillas, lo que los convierte en una prioridad más alta para la deportación, incluso si, como Ramírez Medina, no han sido condenados por un delito.
Según la directiva, la afiliación a pandillas está determinada por una condena por delitos federales de pandillas o por una decisión civil (como una orden judicial de pandillas) a nivel estatal o federal que hace frente a la actividad o la asociación de pandillas. Las personas también pueden ser clasificadas como miembros de pandillas si reconocen tener vínculos con una pandilla durante “cualquier interrogatorio por parte de las fuerzas del orden”, ya sea durante una detención en la calle o durante una entrevista de clasificación en la cárcel.
10 criterios para ser considerado “pandillero” según ICE
También se incluye una lista de diez criterios adicionales, de los cuales sólo dos son requeridos para ingresar a un individuo a la base de datos de ICEGangs:
1. “El sujeto tiene tatuajes que identifican a una pandilla específica”.
2. “El sujeto frecuenta un área notoria de pandillas y/o asociados con pandilleros conocidos”.
3. “El sujeto visto mostrando señales/símbolos de pandillas”.
4. “El sujeto ha sido identificado como miembro de una pandilla a través de una fuente confiable”.
5. “El sujeto ha sido identificado como miembro de una pandilla a través de un informante no probado”.
6. “El sujeto ha sido arrestado en compañía de otros pandilleros en dos o más ocasiones”.
7. “El sujeto ha sido identificado como miembro de una pandilla por una cárcel o prisión”.
8. “El sujeto ha sido identificado como miembro de una pandilla a través de la correspondencia escrita o electrónica obtenida u obtenida de otra manera”.
9. “El sujeto ha sido visto llevando ropa distintiva de estilo de pandilla o se ha encontrado en posesión de otros signos de pandilla”.
10. “El sujeto ha sido identificado como miembro de una pandilla a través de una sospecha razonable documentada “.
> CLÁUSULAS. La propia legislación para la documentación de pandillas instruye explícitamente al ICE a mantener toda la mención de las bases de datos de grupos delictivos fuera de los documentos judiciales.
La documentación de una pandilla es una designación unilateral por parte de las autoridades y resulta extremadamente difícil de desafiar en una corte penal, donde los demandados tienen derecho a un abogado designado por el tribunal.
Desafiar la clasificación de pandillas por parte de las fuerzas del orden es más difícil durante los procedimientos de deportación porque los acusados no pueden obligar al gobierno a revelar las pruebas que tienen en su contra como pueden hacerlo en un tribunal penal.
Muchas personas en la corte migratoria tampoco pueden pagar a un abogado privado, y enfrentan la evidencia presentada en su contra por el gobierno sin un abogado.
Además, el uso de fuentes de información potencialmente dudosas, como “informantes no probados”, “fuentes confiables” o “sospechas razonables” (el estándar legal más bajo para detener y cuestionar a alguien) resalta las críticas de la documentación de pandillas que se han hecho durante años a nivel estatal. El ejemplo más destacado es California, donde los legisladores estatales exigían más transparencia y debido proceso para las personas acusadas de tener vínculos con las pandillas.
›Las reglas que rigen la actuación del Servicio de Inmigración de Estados Unidos son tan vagas que un tatuaje o el hecho de frecuentar una zona con altos índices de delincuencia pueden ser causales para que un individuo sea considerado pandillero y, por tanto, ser detenido por la autoridad, aunque no se haya cometido delito alguno. En este esquema, los indocumentados corren mayor peligro.
Un informe sobre la documentación de pandillas publicado el año pasado por la Clínica de Derechos de Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de California-Irvine destacó la dificultad de presentar legalmente pruebas de participación de pandillas y las consecuencias de la clasificación de pandillerismo.
“Las denuncias de pertenencia a pandillas son particularmente problemáticas para los inmigrantes indocumentados que de otra manera tendrían un argumento sólido para alegar discrecionalidad por parte del fiscal”, dice el informe, señalando la posible negación del alivio de inmigración bajo el DACA, visas de víctimas de crímenes o de menores no acompañados.
Sean Garcia-Leys un abogado del Urban Peace Institute de Los Ángeles que ayudó a investigar y escribir el estudio de UC-Irvine, dijo que la situación de Ramírez Medina era un caso clásico de por qué los procedimientos de documentación de pandillas deben ser reformados.
“Las denuncias de pandillas nunca deben ser usadas para determinar la acción del gobierno a menos que haya habido un proceso acusatorio frente a una persona neutral que determine que esa persona es miembro de una pandilla”, dijo Garcia-Leys.
“La afiliación de pandillas nunca debe ser una determinación unilateral, hay un riesgo de error demasiado alto”.