Tres funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Morelos, incluyendo al delegado titular de dicho centro, fueron destituidos e inhabilitados por una década para desempeñarse en el servicio público por no haber atendido las advertencias que previamente se hicieron sobre los riesgos de la obra del Paso Exprés, donde un socavón causó la muerte de dos personas el pasado 12 de julio de 2017.
Se trata de nuevas sanciones contra José Luis Alarcón Ezeta, delegado de la SCT en Morelos, Héctor Manuel Méndez Murgía, residente general de Conservación de Carreteras de la misma delegación estatal y Eduardo Saavedra Mora, residente de obra general, como parte del procedimiento integral que la Secretaría de la Función Pública y otras autoridades realizaron como parte de las investigaciones.
Con estas resoluciones se cierran los 24 procedimientos que se abrieron como parte de las indagatorias por el socavón del Paso Exprés.
De acuerdo con información dada a conocer esta tarde por la Secretaría de la Función Pública, los sancionados no atendieron las advertencias que tanto vecinos, integrantes de la Barra de Abogados y las autoridades locales hicieron respecto a los peligros detectados en la obra que se realizó en Chipitlán, Morelos, por lo que se determina que de haber atendido las advertencias dicha situación se hubiera podido prevenir.
En atención a las denuncias recibidas, la SFP, a través del Órgano Interno de Control en la SCT, inició las indagatorias correspondientes y, al corroborar las omisiones señaladas, resolvió sancionar a los servidores públicos”, señaló la dependencia a través de un comunicado.
Estas sanciones, reiteró la SFP, se suman a las suspensiones, destituciones e inhabilitaciones que la institución ha impuesto previamente a los ocho servidores públicos, siete de la SCT y uno de Conagua, que incurrieron en conductas negligentes y contrarias a la Ley en la construcción de la obra.
Apenas el pasado 26 de julio, la propia Función Pública informó de las sanciones administrativas que les fueron impuestas a Josué Robles Rodríguez, residente de la obra, a quien se le impusieron dos suspensiones por el periodo señalado, así como a Eduardo Saveedra Mota, encargado de la residencia general luego de encontrarlos responsables de diversas irregularidades administrativas en la ejecución de los contratos de la obra del Paso Exprés.