El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó, mediante un comunicado, que suspendió por un periodo de nueve meses a la magistrada María del Carmen Torres Medina después de que se demostró que incurrió en hostigamiento/acoso laboral en contra de al menos nueve servidores públicos que trabajaban bajo su mando cuando se desempeñaba como integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, ubicada en Chilpancingo, Guerrero. Después de las investigaciones que se realizaron, se corroboró que, del 1 de mayo hasta el 6 de agosto de 2015, Torres Medina aprovechó su calidad de superior e incurrió de forma sistemática, habitual y reiterada en comportamientos ofensivos y humillantes en contra del personal a su cargo.
Este proceder atentó contra sus derechos fundamentales por resultar transgresor a la dignidad de sus empleados, así como el derecho a un ambiente laboral armónico, de respeto y cordialidad”, explicó el comunicado.
En este mismo espacio, el CJF detalló que la magistrada ejerció violencia psicológica en contra de una servidora pública a la cual, en reiteradas ocasiones, le falta el respeto debido a que le impidió gozar de su derecho a la lactancia, lo cual pudo poner en riesgo la salud de su hija, ya que no podía satisfacer una necesidad básica como es el de la alimentación. La medida disciplinaria no tuvo réplica, puesto que la magistrada no interpuso recurso de reconsideración, un medio establecido para que se pueda modificar, revocar o invalidar una decisión administrativa. A pesar de la sanción, Torres Medina no será separada de su función, ya que, después de que cumpla su sanción, volverá a trabajar en un tribunal de Culiacán, Sinaloa.
No es la primera vez; tiene antecedentes
En 2007, María del Carmen Torres Medina fue acusada por el mismo cargo que se le imputa ahora. Sin embargo, en aquella ocasión fueron 12 empleados.
A pesar de que la gravedad del asunto, un tribunal en San Luis Potosí atribuyó que esto se debió a que Torres Medina padecía de aparentes problemas de salud mental.
Bajo ese argumento, la CJF decidió que no era válido imputarla y le dio seis meses de licencia para que analizará su aparente trastorno. Sin embargo, no cumplió el tratamiento y fue removida. (Con información de Reforma) JGH