¿De verdad queremos tener legisladores más activos y trabajadores? En un país cuyo sistema jurídico se rige por el principio de legalidad, al que más adelante habré de referirme, la respuesta deviene francamente difícil de encontrar. Queremos un país de libertades.
Tratar de atravesar un puesto de seguridad para ingresar a las puertas de embarque en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, en una silla de ruedas, es un auténtico vía crucis. Cualquiera pensaría que un individuo con discapacidad habría de contar con todas las preferencias para hacerlo, pero amén de la vastísima normativa parisina que persigue favorecerlo, la acción que debería ser un proceso absolutamente normal acaba por convertirse en una odisea imposible, en la que la persona discapacitada debe enfrentar una burocracia asfixiante.
Para ir de un piso de la terminal central al siguiente, cualquiera puede trasladarse a través de bandas eléctricas desplegadas en todo sentido; sin embargo, una persona con discapacidad se debe de anunciar y registrar, para que personal especializado la acompañe y le indique dónde está y cómo utilizar un elevador. Hacerlo sin esa persona, por innecesaria que sea, es imposible, pues daría lugar a una sanción en su propia contra. La ley que intentaba apoyarlos acaba transformando su paso por el aeropuerto en una experiencia desagradable y desafortunada.
No soy ajeno a la oleada de memes y comentarios de la gente, a través de los cuales no sólo se critica, sino hasta se ofende y desprecia a los legisladores de todos los ámbitos del país. Fotografías en las que se les muestra dormidos, comiendo o, simplemente, cotorreando, son el pan nuestro de todos los días. Coincido en que la labor parlamentaria podría ser mejor; distingo, sin embargo, la labor que hacen los legisladores en todos sus ámbitos de desenvolvimiento y no sólo en las sesiones del Pleno, quizá los momentos más improductivos.
Una posición en la que todo mundo podría coincidir es en que todos nuestros legisladores, federales o locales, deberían de trabajar más y tendrían, quizá, que ganar menos. Yo me pregunto si habrá de llegar el día en que la ciudadanía se sienta dignamente representada, en todas las latitudes del planeta. Si así fuera, ¿en qué deben trabajar?, ¿hacer más leyes?, ¿cambiar otra vez las que acaban de expedir?
El sistema jurídico nacional pende de un principio fundamental que contempla la primera parte del artículo 16 de la Constitución, en el que se establece que ninguna persona podrá ser molestada en su persona o en sus derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente en el que se funde la causa legal del procedimiento.
En palabras más asequibles, el principio anterior debe de entenderse conforme a las premisas esenciales de que los particulares podemos realizar todo aquello que deseemos salvo lo que la ley expresamente prohíba, mientras que las autoridades pueden llevar a cabo única y exclusivamente lo que la ley expresamente les permita.
Si la respuesta a la primera interrogante planteada en esta participación fuera la de conminar a nuestros diputados y senadores a expedir más leyes, el efecto que nuestra irreflexión produciría sería una irremediable reducción de las libertades ciudadanas, concatenada a un incremento proporcional de las atribuciones estatales para controlarlas. Más leyes significa más autoridades y burocracia, más competencia y atribuciones para ellas, y todo en detrimento del espacio de libertad que le corresponde a la sociedad.
Un ejemplo de lo anterior constituye uno de los reclamos que también aparecen en las páginas de las redes sociales de este fin de semana: la aprobación de una segunda verificación vehicular, para controlar la emisión de contaminantes en las vías de comunicación interurbana. Somos conscientes y compartimos el deseo generalizado de conservar el medio ambiente y proteger nuestros recursos naturales; no por ello, sin embargo, dejamos de ver la incomodidad de la medida recién aprobada.
Esta doble molestia nos mueve a develar una franca contradicción, una colisión de intenciones que proviene de la potencial incomprensión de aquello que se demanda: no podemos tener legisladores más activos y trabajadores, dedicados a la discusión y expedición permanente de leyes y, al mismo tiempo, seguir conservando las mismas libertades en una misma zona de confort ciudadano.
La demanda de períodos de sesiones más prolongados, o la exigencia de que los legisladores dediquen una mayor parte de su tiempo a la preparación de un mayor número de iniciativas, constituye una proposición demagógica que va a contrapelo de los deseos más profundos de una sociedad que anhela vivir en libertad. Nuestra auténtica aspiración debe fijarse por buscar un mejoramiento de la calidad, más que de la cantidad de horas parlamentarias trabajadas.