jcrodriguez@ejecentral.com.mx
La buena noticia en 2016 fue que los gobiernos de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, todos señalados por desvíos millonarios y mal desempeño del cargo, llegaron a su fin. La mala noticia es que todos ellos aprovecharon el último año de gestión para el saqueo de las finanzas públicas, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso de Veracruz es el más cuantioso. En sus seis años de gestión, el gobierno de Javier Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Norte, no aclaró la utilización de 47 mil 472 millones de pesos, sólo de asignaciones federales. De ese total, 18 mil 314 millones corresponden a 2016, es decir, 38% de las irregularidades ocurrieron en su año de salida, y que no concluyó, pues renunció en octubre; lo que significa que, en promedio, cada mes usó mil 800 millones que no se sabe en este momento dónde están.
La administración de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua que actualmente se encuentra prófugo y fue acusado de triangular recursos para beneficiar las campañas del PRI, fue la que más arrasó. En su último año de gestión concentró 93% de los recursos federales ilocalizables. De 12 mil 35 millones de pesos que su administración no ha podido aclarar, 11 mil 268 millones corresponden a 2016.
La salida de Roberto Borge —actualmente preso en el penal de Neza Bordo por delitos de lavado y peculado— también estuvo plagada de anomalías. El dinero sin comprobar en todo su sexenio asciende a seis mil 732 millones de pesos, de los cuales el 68% corresponden a 2016.
Otro caso notable es el de Mario López Valdez, Malova, exgobernador de Sinaloa, quien tuvo recursos pendientes de comprobar por tres mil 543 millones de pesos. De ese total, dos mil 445 millones se “extraviaron” en 2016.
Egidio Torre Cantú gobernó Tamaulipas entre 2011 y 2016, año en que por primera vez se dio la alternancia en la entidad. En sus primeros años de gestión, los recursos sin comprobar ascendían a 144 millones de pesos. Sin embargo, para su último año, los fondos sin justificar se dispararon nueve veces y alcanzaron los dos mil 326 millones de pesos.