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En México existen, por lo menos, tres mil 277 zombis. Se trata de personas que fueron oficialmente registradas como muertas en 15 estados del país, entre 2015 y 2017, pero que desaparecieron con el cambio de método en el registro oficial de víctimas del delito. Es decir, para las fiscalías y procuradurías del país dejaron de estar muertas y no se sabe dónde están.
›Las cuentas tampoco son claras en los casos de las víctimas de extorsiones y secuestros. El cambio provocó que 91 personas extorsionadas desaparecieran y 17 más que fueron secuestradas se quedaran en el limbo del registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la explicación de que haya este tipo de “muertos vivientes” no tiene nada que ver con un tema de ciencia ficción, sino con la reclasificación que cada fiscalía o procuraduría hace de sus estadísticas, pero que no necesariamente realizan con la celeridad y precisión que amerita la actualización en el conteo de las víctimas de la violencia en el país.
“Asumir que siempre es con dolo es una falta de conocimiento del país. En Guerrero o Michoacán, por ejemplo, no es que no lo quieran hacer, sino que no hay manera; hay mucha incapacidad por la falta de recursos, no hay internet, teléfono, etcétera, es más complejo que suponer que sólo es por corrupción (…) Es dolo de alguien más, del Congreso por no otorgar los recursos, del gobernador que no le importa o se gasta el dinero en otras cosas, mediocridad de la fiscalía porque no tiene lana”, reconoció Pérez Esparza.
La importancia que implica la veracidad de los datos que acumula el Centro Nacional de Información, y particularmente con el registro de víctimas del delito, es imprescindible debido a que en estas estadísticas las instancias de inteligencia y seguridad del gobierno se basan para analizar las tendencias de los fenómenos delictivos y diseñar las estrategias para combatirlos. Muestra de ello fue el primer plan antisecuestro que impulsó en enero de 2014 la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) luego del alza de más del 27% en la incidencia de ese delito que hubo en el país en 2013, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la discrepancia en los datos del SESNSP y los que registran organizaciones civiles, por ejemplo, en el caso del secuestro con la asociación Alto al Secuestro ha generado desconfianza con lo reportado por las fiscalías y procuradurías del país y los informes de estas organizaciones de la sociedad civil. Muestra de ello fue que, en 2015, cuando Renato Sales cumplió su primer año al frente de la Conase como primer zar antisecuestros del país, hubo una diferencia de 66% entre los secuestros que reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los que la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace dijo haber registrado entonces.
Desde enero de este año este periódico reveló la preocupación que organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano que preside Francisco Rivas Rodríguez, uno de los impulsores para ampliar el catálogo de víctimas del Secretariado, mostraron ante la falta de una metodología clara y confiable o la intención de reforzar los sistemas existentes para el conteo de delitos por parte del actual gobierno; tan grave se estima la manipulación de las cifras delictivas y de víctimas, que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría capitalina para indagar el probable ocultamiento y ‘maquillaje’ de cifras durante la administración anterior, lo cual dijo “es muy claro que era una consigna” que provocó se dispararán los índices criminales a partir de su llegada al gobierno, el 5 de diciembre pasado.
Debido a que la anterior metodología sólo se actualizó hasta 2017 y el nuevo registro ya no incluyó 2014, sólo fue posible hacer las comparativas de 2015 a 2017. Las diferencias más notorias en los delitos revisados en ese trienio se ubican en las víctimas de homicidio doloso y culposo. Tres estados en particular reflejaron estadísticas que corresponden al mismo año, pero comparadas entre sí con el cambio de metodología evidenciaron discrepancias de hasta mil víctimas: Oaxaca, Chiapas y Chihuahua.
En el caso de Oaxaca, su fiscalía reportó en 2015, 849 víctimas de homicidio doloso. Al cambiar a la nueva metodología, vigente desde el año pasado, en su registro ahora sólo aparecen 233 víctimas; es decir, hay 616 personas asesinadas de las que no se sabe qué ocurrió. En el caso de las víctimas de homicidio culposo en la entidad, la diferencia en ese mismo año fue de 865 al pasar de mil 94 a 229 víctimas.
En 2016 se repitió este en Oaxaca que con el cambio de registro hizo que 78 víctimas de asesinato y 80 más por muerte accidental, desaparecieran. En ese año, las autoridades de Chiapas también perdieron 1,004 víctimas de homicidio doloso. En Chihuahua, con su registro de asesinatos al cierre del mismo lapso se quedaron fuera de su actualización 368 personas muertas; en Colima quedaron fuera del registro 108 víctimas de asesinato.
El 60% de los estados falló en su conteo de víctimas en esos años y eso pone en duda toda la información. Esto obligó al Secretariado, adelantó Pérez Esparza, a llevar a cabo un estudio de evaluación que a más tardar en noviembre presentarán tras más de 10 meses de trabajo y que siguió un Modelo de Revisión Estadística. Hasta ahora, comentó, llevan el registro de la mitad de las procuradurías y fiscalías del país, y pone en evidencia tanto las buenas practicas que varios estados aplican, pero también las extrañezas que encontraron en otros más. “Es muy revelador”, aseveró.
La metodología no afectó
El aumento de la inseguridad obligó a las autoridades a hacer pública la incidencia delictiva en el país para tener una referencia real de lo que ocurría y tener la posibilidad de medir y evaluar su evolución. Los primeros registros son de 1997 y sólo aparecían las averiguaciones previas que se iniciaban por los diferentes delitos.
Por un lado, se reportaban las denuncias que recibía la entonces Procuraduría General de la República y, por el otro, las procuradurías de justicia estatal debían enviar sus cifras mensualmente. Bajo el argumento de obtener mayor precisión y con ello confiabilidad; en 2014 se incluyó la medición por víctimas de los ilícitos y para 2018 se cambió la metodología para ampliar el catálogo de ilícitos.
El titular del CNI sostuvo que la disparidad en las cifras no tiene que ver con el cambio de metodología en el registro nacional de víctimas del delito, el cual implicó que se ampliara el catálogo de víctimas a otros delitos como feminicidio, aborto, tráfico, rapto y corrupción de menores, así como trata de personas.
›El cambio de metodología, subrayó Pérez Esparza, “no fue la gran cosa, se amplió y ya; mantuvimos lo mejor de la metodología justo para que fuera lo más cercano a lo comparable y no hay un cambio mayúsculo. Prioritariamente los cambios se dieron en protocolos nuestros para controlar la calidad de la información y corroborar que procuradores y fiscales pues no nos piquen los ojos o lo hagan menos”.
Quitar y acomodar
Una explicación sobre la desaparición de personas asesinadas de las estadísticas, podría ser que las autoridades se dieron cuenta que se trataba de una muerte culposa y reclasificaron el caso. Pero al revisar, las cifras no encajan en esta lógica en la mayoría de los estados.
Un caso de esta revaloración de números, ejemplificó Pérez Esparza, es cuando un policía llega donde hay un cuerpo debajo de un puente, asume que hubo una riña y que la víctima murió tras un asalto, pero el Ministerio Público investiga y tres meses después resulta que la persona del puente realmente se suicidó. “Un ejemplo muy tonto, pero sí pasa muy seguido, ¿qué ocurre?, los estados me dicen sabes que CNI me enteré que lo que te mandé no era completamente cierto y lo que te dije que era homicidio doloso pues resulta que es un suicidio”.
“Sí se da la reclasificación (en las cifras de víctimas), nos han llegado a reclasificar casos de muchos años atrás, porque la investigación lamentablemente en el país no es tan rápida como uno quisiera. Sí nos pasa tristemente que hay estados donde, por ejemplo, no hay capacidad en su modelo penal, de justicia y mucho menos en su modelo pericial y pues llevan a los muertos literal en tráiler, y no porque el estado quiera, sino porque no podía”, reconoció David Pérez, en entrevista con ejecentral.
Hay que recordar, sostuvo el funcionario, “que el CNI funciona por el principio de buena fe, si el procurador o el fiscal me miente yo a veces me doy cuenta, pero no siempre y eso es cierto, hay un margen de error, porque a mí me mandan los archivos horas antes del día 20”, que es la fecha en la que las estadísticas del SESNSP se actualizan. El también consultor en seguridad y prevención del delito reconoció que se trata de actos de “buena fe” por parte de las autoridades estatales y municipales, pues hay casos en que reclasifican tan pronto pueden aunque tardan meses, pero en otros casos “no puedo descartar tampoco, y vale la pena señalarlo, que hay dolo porque sí puede haber dolo”.
Este periódico hizo el ejercicio de revisar en cada estado las víctimas de asesinato desaparecidas y contraponerlas con el ajuste en la cifra de muertes accidentales, aun así, los probables ajustes dieron cuenta de las más de 3 mil 200 víctimas que evidenciaron las diferencias entre los totales de víctimas con el cambio de método de conteo, pues en el resto de los casos la reclasificación encajó con las víctimas de feminicidio que se añadieron en la nueva clasificación, aunque en ninguna parte de las páginas oficiales sobre los ajustes en las cifras del Secretariado se especifica que unos muertos dolosos se convirtieron en culposos y viceversa.
El titular del Centro Nacional de Información reconoció que es imposible determinar si se trata de un mero descuido humano o una acción con toda la intención para no reportar la cantidad verídica de personas que fueron víctimas de un delito, ya sea de homicidio, secuestro o extorsión.
Las cifras reflejan casos como el de Morelos en 2015, donde la cantidad de asesinatos reportados al final de ese año fue de 516, pero en 2018, con el cambio de técnica, el número bajó en seis víctimas al pasar 510. Lo cual no resulta del todo relevante y podría entenderse en una reclasificación en ese número de víctimas, pero en el caso de los homicidios culposos o accidentales donde la diferencia arrojó en ese mismo año un total de 28 víctimas fuera del registro inicial. Esto significa que el estado dejó a la deriva 34 casos que no se reclasificaron en los homicidios culposos ni en el conteo de víctimas de asesinato, para el año siguiente, en 2016, quedaron a la deriva de ambos rubros 16 víctimas, y para 2017 la cifra de muertos perdidos en ese estado alcanzó las 20 víctimas.
El caso Oaxaca
Los homicidios no son el único problema en el registro delictivo del Secretariado. Las cifras de víctimas de secuestros y extorsiones también reflejaron número dispares.
Las víctimas de extorsión resultaron con una mayor discrepancia al sumar de 2015 a 2017 un total de 91 casos en 11 entidades del país. De estos delitos fue el año 2015 donde más descuentos de víctimas se dieron, al dejar fuera de las estadísticas del país a 80 personas. El caso de Oaxaca, al igual que en los homicidios, es el que registró mayor anomalías al sumar 61 personas extorsionadas que salieron de su registro entre 2015 y 2016.
En el caso de los secuestros el fenómeno de la desaparición de víctimas se dio en menor medida con un total de 17 víctimas en los años 2015 y 2016.
Fue de nueva cuenta Oaxaca donde las cantidades no cuadraron con el cambio de metodología, pues en un primer caso 12 víctimas se quitaron del registro y para el año siguiente fueron cinco las que, por arte de magia, dejaron de ser víctimas de secuestro.
La entidad, actualmente gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, refleja desde al menos 2015 una serie de deficiencias en la confiabilidad de su estadística delictiva. Muestra de ello es que en sus registros de víctimas del delito de ese año no se cuenta con la información de ocho meses.
Los otros datos de AMLO
La información que el Presidente y su gabinete de seguridad evalúan cada mañana es táctica no estadística, por eso no coinciden con el resto de las cifras.
Un error metodológico es comparar datos distintos con temporalidades desiguales, esto aplica a datos del Centro Nacional de Información comparados con el Inegi, y las cifras que recibe el Presidente son diferentes y ninguna es comparable.
El Presidente tiene información táctica no estadística; es decir, información no corroborada que recibe de forma inmediata cada día, lo que dificulta su exactitud. “No es comparable con lo que mide el Secretariado y eso es un error”, explicó David Pérez Esparza, titular del CNI del SESNSP.
Sobre las diferencias entre el Inegi y el SESNSP, Pérez Esparza reiteró que entre las principales razones es que el Instituto mide actas de defunción anualmente; y el Secretariado analiza carpetas de investigación y las víctimas de forma mensual.
