Simón Vargas

“Es necesario confrontar los problemas detrás del uso de las drogas, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores que construyen la sociedad, acompañando a los que están en dificultad y dándoles esperanza para el futuro”. Arzobispo Bernardito Auza, Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU

En la década de los 70, el gobierno de Estados Unidos comenzó la llamada «guerra contra las drogas», la cual fue presentada por el entonces presidente Nixon; sin embargo, miembros de la sociedad civil y académicos han señalado que ha sido un fracaso que ha llenado cárceles alrededor del mundo y ha sido muy costosa.

La política encaminada hacia la prohibición y erradicación de las drogas ha provocado una distorsión dentro de las sociedades y el tejido social, esto sumado a que las ganancias que genera el mercado negro han provocado la sofisticación de las mafias a nivel global, quienes cada día apuestan por contratar más y mejores sicarios y pandillas que protejan sus negocios, sobornan funcionarios públicos, y buscan diversificar sus negocios.

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) realizó un balance y una evaluación sobre las políticas en la materia, asimismo analizó las repercusiones que han tenido durante los 10 años más recientes a nivel global, y es que en 2009, la comunidad internacional aprobó y adoptó la Declaración Política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, la cual fijaba que en 2019, los Estados habrían reducido o eliminado considerablemente el cultivo, la producción, el tráfico y el uso de sustancias sometidas a fiscalización internacional, así como el desvío de precursores y el lavado de dinero derivado de esta actividad.

Sin embargo, el IDPC detalla en su evaluación de la Declaración de 2009, contrario a los objetivos, se pueden destacar las fallas sobre todo porque datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), puntualizan que entre 2009 y 2018 no se redujo la escala global de cultivo de opio, coca y cannabis; de hecho el cultivo de amapola aumentó en un 125 por ciento, mientras que el del arbusto de coca se incrementó en un 30 por ciento. Asimismo, entre 2010 y 2016, se informó que el cultivo de cannabis se incrementó en 145 países.

En esta década no se redujo el tráfico ilícito de precursores, ya que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dio a conocer un incremento del uso y el número de precursores en la producción ilícita de drogas. Además, la producción y el consumo de metanfetaminas se mantiene en todo el mundo, esto sumado a que entre 2009 y 2017, aparecieron a nivel mundial más de 800 nuevas sustancias psicoactivas, mientras que el uso ilícito de fármacos controlados ha alcanzado niveles sin precedentes.

Actualmente, la marihuana continúa siendo la droga que más se consume, seguida por los opioides y las anfetaminas. En torno al lavado de dinero, el IDPC explica que a pesar de que se han adoptado políticas más estrictas para combatirlo, cada año -a escala mundial- se blanquea una cantidad que va desde los 800 millones a los 2 billones de dólares, equivalente al 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global.

En este contexto, el IDPC argumenta que la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, no ha estado enfocado a las prioridades de las Naciones Unidas como son el proteger los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad, e impulsar el desarrollo; al contrario, la política mundial de drogas se ha relacionado con la violación de los derechos humanos como la vida, la salud y la justicia, lo anterior aunado a que han exacerbado la violencia, la inestabilidad y la corrupción.

Respecto a México, el análisis resalta que desde 2006, la “guerra” que se declaró contra los cárteles de las drogas ha provocado más de 150 mil muertes asociadas con el comercio de drogas y ha generado más de 32 mil desapariciones.

Por lo anterior, las recomendaciones para elaborar la nueva estrategia para el combate a las drogas por parte de la sociedad civil y de la academia, a nivel global, incluyen adoptar objetivos alineados al desarrollo sostenible, al combate a la pobreza, factor clave que impulsa la participación de la sociedad en el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con la oferta, así como ampliar los debates y diseñar políticas públicas que incluyan aspectos relacionados con la salud, el desarrollo económico, los derechos humanos y la construcción de paz.

Un ejemplo de lo anterior es el modelo alternativo implementado en Bolivia, donde se ha permitido que los agricultores cultiven una cantidad suficiente de coca con fines de subsistencia, facilitando el acceso al mercado interno legal para productos derivados, lo anterior sumado a la apuesta por la educación y el desarrollo de las comunidades afectadas.

Hoy, tenemos que anteponer el bienestar de la sociedad y modificar una estrategia que ha vulnerado la paz en el país y en el mundo, por ello el 62° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, será una oportunidad para que los líderes mundiales redefinan la estrategia mundial sobre drogas.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.

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